Integrantes del movimiento exponen que el decreto favorece al sector patronal, deja fuera los dos días de descanso constitucional y convierte las horas extra en un mecanismo de negociación desigual entre trabajadores y empleadores.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 03 de mayo de 2026.- En el espacio cultural Utópicas, en Coyoacán, integrantes del Frente Nacional por las 40 Horas realizaron el conversatorio “La Deforma Laboral: Una traición a la clase trabajadora”, en el que analizaron las implicaciones sociales, económicas y políticas del decreto que reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas de manera gradual a partir del 1 de enero de 2027.
Para el frente, la reforma aprobada no representa el avance que prometió la presidenta Claudia Sheinbaum: omite los dos días de descanso que el movimiento exigía quedaran garantizados en la Constitución, legaliza las horas extra como mecanismo de negociación individual entre empleador y trabajador, y transfiere al Estado la responsabilidad de hacer cumplir derechos que, en los hechos, no cuenta con la infraestructura para garantizar.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece una reducción gradual de dos horas por año, lo que significa que la jornada de 40 horas no se alcanzará sino hasta 2030. Establece además que por cada seis días trabajados deberá otorgarse al menos un día de descanso —no dos, como exigía el movimiento.
Sara Arteaga, una de las fundadoras del frente, describió el proceso legislativo como una “simulación”: desde que la diputada Susana Prieto Terrazas inscribió su reforma en febrero de 2022, pasando por los parlamentos abiertos con “sobrerrepresentación empresarial”, hasta la presentación del dictamen de la presidenta en diciembre de 2024, el movimiento identificó que la reforma que finalmente se aprobó no fue diseñada desde ni para la clase trabajadora.
“La de forma de Claudia Sheinbaum se parece mucho más a lo que sucedió en Argentina que a lo que esperábamos”, señaló Ángel Armando, integrante de la comisión de prensa del frente, en referencia a las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei que ampliaron la jornada laboral para trabajadores de plataformas digitales. La comparación la sostienen en un punto concreto: ambos decretos establecen mecanismos de cronometraje del tiempo “efectivo” de trabajo, en lugar de contabilizar el tiempo a disposición del patrón, como establece actualmente la Ley Federal del Trabajo.
Ese cambio de definición —tiempo a disposición por actividades efectivamente realizadas— fue detenido en el Senado, pero el frente advierte que su intento de inclusión revela una orientación deliberada en la reforma. “No hay justificación de por qué se intentó cambiar esa definición”, señaló una integrante de la comisión de procesos legislativos. El impacto práctico habría sido inmediato: un mesero esperando mesas, un trabajador de la construcción entre tareas, habrían visto ese tiempo excluido de su jornada computable.
El frente también cuestionó la viabilidad de las multas anunciadas por el gobierno para empresas que incumplan la reducción. La Secretaría del Trabajo reconoció al movimiento, en una reunión directa, que existen apenas 600 inspectores laborales en todo el país para fiscalizar 6 millones de unidades económicas registradas por el INEGI —10 mil establecimientos por inspector. Además, al menos una cuarta parte de esos inspectores trabaja por honorarios, sin contrato de base.
En Jalisco, la situación es estructuralmente peor: la Secretaría del Trabajo local no tiene facultades sancionatorias. Solo puede emitir recomendaciones. En Yucatán, señaló Ángel, hasta el año pasado no había inspectores de trabajo en ninguna parte del estado —algo que la propia dependencia reconoció.
A esto se suma la práctica documentada de avisar con anticipación a los centros de trabajo antes de las visitas de inspección. “Cuando llegó la Secretaría del Trabajo al diario Publimetro, misteriosamente todo estaba perfecto”, recordó Ángel, quien denunció condiciones de mobbing y despidos encubiertos como renuncias en esa empresa.
Mayra, integrante de las comisiones de mujeres y grupos prioritarios, ubicó la reforma en el contexto de la desigualdad estructural de género: más del 51% de las mujeres en México trabaja en la informalidad, lo que las excluye de entrada del espectro de derechos que el decreto regula. Las que sí están en el sector formal enfrentan una doble o triple jornada —trabajo remunerado, cuidado de hijos e hijas, trabajo doméstico no remunerado— que las leyes de manutención, que solo obligan al padre a destinar hasta el 20% de su salario, agudizan.
“Las mujeres están llegando empobrecidas a la vejez”, dijo Mayra. “Sin ahorros, sin casa propia y sin quien las cuide. Esta reforma no las contempla.”
El Frente señaló además que el decreto reproduce la lógica que ya fracasó con la incorporación de trabajadoras del hogar al IMSS: el derecho existe en el papel, pero recae en una negociación individual donde la trabajadora siempre parte en desventaja. “Le dijeron a mi mamá: ‘Si no, mejor la despido, porque no puedo pagarle el seguro'”, compartió Sara.
Desde una lectura sociológica, una de las integrantes del frente planteó que la reducción de jornada habría sido, de haberse aprobado correctamente, la reforma más importante del sexenio: no solo por el tiempo libre que generaría, sino por la posibilidad de cuidar la alimentación, la salud, la vida comunitaria y la organización política.
“Ahorita estamos peleando por lo mínimo: dormir, descansar, convivir”, afirmó. “No puede ser que un gobierno que dice ‘primero los pobres’ no haya contemplado el descanso como un derecho político.”
El frente es crítico también de los líderes sindicales que no alertaron a sus bases sobre el contenido real del decreto. Trabajadores de sindicatos de telefonistas y electricistas, narró Ángel, se enteraron el mismo día de la votación en el Senado de que ese era el texto que se iba a aprobar.
El conversatorio cerró con un llamado a la organización. El frente, que nació de un chat de 500 personas tras una movilización convocada en noviembre de 2023 frente a la Cámara de Diputados, tiene hoy comisiones en varios estados del país, un chat de dudas laborales con asesoría jurídica especializada y presencia en las calles.
“Ya agotamos todas las instancias legales. Metimos reformas, metimos amparos, hicimos todo como ellos dijeron que querían. Ahora va nuestra manera, y nuestra manera es presión social”, dijo Sara.
El frente anunció que trabaja en la consolidación de una organización de trabajadores más amplia, independiente de cualquier partido o sindicato, que articule distintos sectores y gremios. Su apuesta: cuando la presión llega desde la producción, “no hay quien resista”.
