Hace tres años, el 5 de junio de 2020, la Fiscalía de Jalisco desapareció a más de 100 jóvenes que se manifestaban por la brutalidad policial y el abuso de poder con el cual policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos golpearon a Giovanni López hasta matarlo.
Hoy, tres años después, un colectivo de supervivientes y colectivos solidarios colocaron frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, el Antimonumento 5 de Junio para nunca olvidar los delitos de lesa humanidad cometidos los días 4, 5 y 6 de junio de 2020.
Por Andrés de la Peña y Darwin Franco
Fotografías Mario Marlo
“Que este antimonumento sea un recordatorio de la vergüenza que debe darle al estado criminal, al estado canalla, haber fallado de esta manera” fueron las palabras que fueron emitidas en la instalación del antimomumento “5 de Junio” en la Plaza Imelda Virgen, esto a tres años años del llamado “halconazo tapatío”.
“Que sea un testimonio de lo ocurrido el 4, 5 y 6 de junio, de la ejecución extrajudicial de Giovanni López Ramírez y de todas las ausencias que llevamos a cuestas”, señalaron parte de las y los sobrevivientes que ahora se agrupan en el colectivo 5 de Junio Memoria.
Este colectivo junto con organizaciones solidarias se reunieron desde las 16 horas frente a Palacio de Gobierno a la espera de que el antimonumento llegara para ser instalado a un costado de la antimonumenta “Ni Una Más”, el objetivo era instalarlo de manera rápida y segura para evitar cualquier represión policial.
“Hoy, 5 de junio de 2023, a tres años de los hechos, nos reunimos en la Plaza Imelda Virgen, con dignidad y también con esperanza, unidos por la búsqueda de justicia, unidas por el ideal de ese otro mundo posible que solo puede nacer de la colectividad en resistencia y organizada, para colocar este antinomumento”, se leyó en el pronunciamiento.
Algunas de las organizaciones que acudieron en solidaridad a la instalación fueron el Colectivo Luz de Esperanza, Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, Colectivo #CUCSHNoSeMueve, la colectiva feminista Ddeser Jalisco, Colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, Dejar de Chingar, CEPAD, IMDEC, entre otras.
En la lectura del pronunciamiento denunciaron que las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron siguen impunes.
“Nos reunimos aquí para manifestar que, a pesar de que el caso Giovanni y la represión de las protestas del 4, 5 y 6 de junio fueron atraídos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por la Fiscalía General de la República (FGR), los sucesos no se han investigado debidamente, no se reconocieron todos los delitos perpetrados por parte de las autoridades, entre ellos la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes; y tampoco se ha castigado a los culpables materiales e intelectuales ni se ha reparado de manera integral a las y los sobrevivientes”.
Además se exigieron se localice a las más de 15 mil personas desaparecidas que hay en Jalisco, así como que se detengan las represiones policiales contra las familias y madres buscadoras.
El antimonumento se instaló en menos de una hora con el apoyo de manos solidarias que lo fijaron en el piso para que no pueda ser quitado por las autoridades. La develación ocurrió poco antes de la cinco de la tarde con el grito: “Giovanni no murió, la policía lo mató… Hasta que nunca más”.
¿Qué pasó aquel 4, 5 y 6 de junio?
El “halconazo tapatío” sustrajo a estos jóvenes desde la calle 14, donde protestaban no solamente por el abuso contra Giovanni López sino también contra la represión del día 4 de junio, contra la manifestación que se llevó a cabo frente al Palacio de Gobierno y donde se detuvo a 28 personas.
A bordo de vehículos sin identificadores, con costales y bolsas en la cabeza, los jóvenes fueron transportados por personal de la Fiscalía de Jalisco hacia las afueras de la ciudad y la cima del Cerro del 4, donde los policías los abandonaron no sin antes arrebatarles sus celulares.
Algunos, sin embargo, no fueron liberados tan pronto sino que se les llevó a la “perrera”: un centro de detención donde fueron interrogados y donde se les obligó a dar acceso completo a sus teléfonos.
A la fecha, el Gobierno de Jalisco no ha reconocido su responsabilidad: el gobernador Enrique Alfaro dijo que ni él ni nadie en Fiscalía habría dado la orden de actuar así, eso a pesar de que el 4 de junio se apostó un comando similar (anónimo, armado con palos) en Casa Jalisco.
La explicación oficial: que la Fiscalía de Jalisco estaba infiltrada por el crimen organizado y que ese actor sin cara fue el único que se atrevería a desaparecer personas, no la policía o el Gobierno de Jalisco.
De la investigación que se derivó para encontrar a los responsables, muy poco resultó: año y medio después de los sucesos, el ex fiscal Gerardo Octavio Solis, quien dirigía la Fiscalía de Jalisco se retiró con honores, por causas de salud, y recibiendo una felicitación de parte del gobernador por su trabajo.
Filas abajo dentro de la corporación policial no hubo mayores repercusiones más que en el caso de un policía, que fue puesto en libertad, sujeto a pagar una multa de 35 mil pesos y tomar un curso de derechos humanos.
Por ello, el mensaje que acompaña al antimonumento es claro y contundente:
“Responsabilizamos al gobierno de Jalisco por los hechos, apuntando que las desapariciones y la impunidad continúan. !Exigimos la verdad, justicia y reparación integral”.
