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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes expone evidencias incriminatorias y omisiones en el caso Ayotzinapa, instando a una búsqueda genuina de justicia.

Por Redacción / @Somoselmedio    

En su sexto informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) presentó nuevos hallazgos en sus investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, dejando en claro la participación de todos los cuerpos policiacos y las fuerzas armadas de México en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Los jóvenes habían sido objeto de vigilancia y monitoreo por parte del ejército y la Semar antes y durante su desaparición.

El GIEI pudo constatar, a través de las comunicaciones registradas por el C4, una relación permanente de comunicación entre este centro y la Sedena. Dos elementos del C4 fueron asignados para monitorear las llamadas recibidas y las imágenes de las cámaras. Se identificaron tres mil registros de comunicaciones que narran los hechos cada tres minutos, desde la llegada de los estudiantes hasta la toma de autobuses y los disparos. Además, se encontraron 500 llamadas registradas por el C4 que ocurrieron entre el ejército, la policía municipal y estatal, de las cuales nadie tenía conocimiento.

En los nodos de comunicación del 27 batallón de infantería de Iguala, se hallaron llamadas relevantes entre el ayuntamiento de Iguala, la 35 zona militar, el comandante coronel y soldados. En el último nodo, se encontraron llamadas aún más relevantes que involucraban a las autoridades y otras personas identificadas. Entre ellas, destacó una llamada del secretario de Seguridad Pública hacia la ciudad de Cocula, un lugar clave en el caso. Además, se mencionaron radio taxis y sedes de la Sedena no institucionalizadas. Todos estos elementos están siendo objeto de investigación por parte de los expertos del GIEI.

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Ángela Buitrago, experta del GIEI, comentó que los estudiantes presentes en el autobús 1531, ubicado en el palacio de justicia, fueron sacados violentamente con gases lacrimógenos, golpeados, tirados al suelo y metidos en patrullas que los llevaron hacia Chilpancingo y dentro de Iguala. Se confirmó la presencia de la policía federal, a pesar de que inicialmente se negó, y se basaron en las comunicaciones para corroborar su participación.

El GIEI presentó imágenes que mostraban las comunicaciones y el movimiento de otros actores a las 21:40 horas. Se pudo observar el movimiento de la policía municipal, la delincuencia organizada, la Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena, junto con la policía federal y municipal de Iguala, todo relacionado con la ubicación de los estudiantes aquella noche.

Además, se destacó el tiempo aproximado de 25 minutos que tomó para bajar a los estudiantes de los autobuses y hacerlos desaparecer. Fueron llevados en camionetas alrededor de las 10 de la noche por policías municipales, federales y la Sedena. También se confirmó la participación de la policía municipal de Huitzuco entre las 10:30 y las 10:39 de la noche.

Uno de los hallazgos más significativos fue la existencia de otros dos Órganos de Búsqueda de Información (OBI). Uno de ellos informó que se retiró del lugar luego de presenciar cómo policías municipales golpeaban a los estudiantes, pero este testimonio fue desmentido por otro testigo que lo vio en la calle Juan N Álvarez, identificándolo y observando todo lo ocurrido. Los desplazamientos de este OBI se llevaron a cabo entre el 27 batallón, el Palacio de Justicia y la zona norte de Iguala durante toda la noche. El otro OBI estuvo cerca de las barandillas, donde llevaron a otro grupo de estudiantes.

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Se identificaron recorridos realizados por un comandante militar entre el 27 batallón, las torres de Iguala y la zona central de la ciudad. La policía federal también se desplazó entre el Palacio de Justicia, Rancho El Cura y la zona central de Iguala. Por otro lado, la policía ministerial, un actor nuevo en la escena, estuvo presente en el Palacio de Justicia, aunque aún no se cuenta con mucha información al respecto.

El GIEI descubrió contradicciones en el caso de Julio César Mondragón, donde existen dos versiones que no concuerdan con respecto al lugar donde fue encontrado. El 41 batallón sostiene que llegó al área conocida como El Andariego a las 8 de la mañana, encontrando allí a Julio César Mondragón, mientras que el 27 batallón afirma haber llegado a las 10 de la mañana con otras personas. Ante esta situación, el GIEI ha instado a la fiscalía a investigar estas contradicciones.

Además, según datos encontrados por el GIEI, la Sedena niega la existencia del CRFI, aunque se ha constatado que existen 16 documentos relacionados con comunicaciones desde marzo de 2014. Curiosamente, los archivos del CRFI fueron trasladados en agosto de 2022. Existen evidencias de que Sedena obtuvo documentos durante revisiones realizadas en diferentes archivos y que se enviaron a la CoVAJ y al GIEI, pero la respuesta de Sedena fue que dichos documentos no existían. Esto incluye dependencias y unidades militares relacionadas con inteligencia, que han tratado de cambiar las definiciones de sus siglas. Por ejemplo, en uno de los documentos, aparece “CMI” en el margen izquierdo, que significa “Centro Militar de Inteligencia”, pero Sedena respondió públicamente que “CMI” significaba “Contenido Mediático de Información”.

Un documento obtenido por el GIEI del CMI indicó que el segundo comandante de la policía municipal de Iguala informó a Gilberto, alias “el Gil”, jefe regional de una organización delictiva, sobre la presencia de personas de Ayotzinapa en Iguala, así como detalles sobre la detención de 17 jóvenes. Esto plantea la posibilidad de un arreglo entre el gobierno estatal y “el Gil”. También se menciona que Emiliano Alejandro Benítez Palacio, alias “Cholo Palacios”, jefe de la plaza en Iguala, comentó con Ramón (posible autoridad de Tepecoacuilco) sobre el hallazgo de fosas relacionadas con “el Gil”, lo que sugiere que la información sobre los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014 era conocida por Sedena y otros organismos de seguridad en tiempo real.

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El informe destaca la actuación de la Marina, que niega tener información sobre los eventos del 26 y 27 de septiembre, pero se ha descubierto que participaron en cuestiones de seguridad perimetral a partir del 28 de septiembre. Sin embargo, se han encontrado pruebas de que miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos, y con base en esta tortura se construyó la llamada “versión histórica” junto con Seido y la PGR. También se ha señalado que la Marina tuvo un destacamento en Cuautepec de los Costales, del cual no se conocen sus actividades.

El GIEI afirmó que los jóvenes fueron divididos en al menos dos grupos inicialmente y un tercer grupo después. Sin embargo, hay declaraciones que indican que algunos jóvenes fueron repartidos en otros grupos y no fueron llevados al mismo lugar, como al basurero de Cocula. Varios detenidos fueron maltratados y sacados por policías municipales de Iguala y Cocula. Se ha identificado una FCA (firma cifrada de la Sedena) que contiene información sobre 11 detenidos, lo que sugiere que un grupo de 11 detenidos fue llevado hacia un lugar específico.

La postura del GIEI es que el sistema mexicano debe liberarse del excesivo formalismo y burocracia, y en cambio, debe enfocarse en promover el humanismo y la dignidad humana. Es fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la información necesaria, mientras que las instituciones deben mostrar un compromiso real con las investigaciones, evitando la recurrente sobrecarga de las víctimas con pruebas o indicios sobre responsabilidades, búsquedas o cualquier otro mecanismo que la CoVAJ deba aportar para seguir avanzando en este camino. Nos preocupa enormemente la situación de los familiares debido al impacto devastador de los hechos, las falsedades y el ocultamiento que han ocurrido durante estos años, lo que ha afectado su salud y necesidades.

La asistencia humanitaria y la reparación integral, en algunos casos, pueden brindar apoyo, pero no deben considerarse como sustitutos de la verdad y la justicia, y nunca deben ser utilizadas para presionar a las víctimas. En cambio, deben ser vistos como formas de reconocimiento de las responsabilidades y dignidad de las víctimas, así como un compromiso genuino para enfrentar las dramáticas consecuencias de la desaparición forzada. Es esencial garantizar la reparación integral y evitar la revictimización, así como la estigmatización y persecución.

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El GIEI ha realizado recomendaciones, pero es necesario seguir ajustando y colaborando con las autoridades correspondientes para lograr un trabajo conjunto que permita lograr resultados. Es particularmente crucial proporcionar una atención adecuada en salud, ya que es un derecho y una responsabilidad del Estado, no un privilegio o beneficio secundario para los familiares y víctimas de este caso. El sistema en marcha debe fortalecerse y basarse en un marco de reconocimiento que no dependa de directrices políticas cambiantes, sino de un compromiso independiente de los partidos y libre de influencias unipersonales.

Es importante tener en cuenta que los sobrevivientes también son víctimas de los hechos y, en algunas ocasiones, testigos de los mismos. Esto debe ser considerado en los procedimientos de investigación en la fiscalía o en el ámbito judicial, brindando la asesoría adecuada que la ley otorga, así como precauciones para proteger su identidad y situación psicológica durante ratificaciones o nuevas declaraciones.

El GIEI también hizo una solicitud importante: la protección de los fiscales que han realizado su trabajo adecuadamente y han contribuido al progreso de las investigaciones. Esta protección es esencial para garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en México.

Sin embargo, se ha encontrado obstáculos en el proceso debido al ocultamiento y la negación sistemática de información relevante. El GIEI considera que si no se producen cambios significativos, será imposible continuar con su trabajo. A pesar de que se han abierto algunos archivos y se ha obtenido información relevante de las instituciones, aún falta acceder a información clave para avanzar en el caso. Para lograr una resolución efectiva, es crucial contar con todos los datos que el Estado ha tenido desde el día de los hechos, lo que permitirá conocer el destino y paradero de los jóvenes o, en su defecto, todo lo que se hizo o dejó de hacer al respecto.

La falta de acceso a esta información ha llevado a una preocupante institucionalización de la mentira como respuesta, lo cual es inaceptable. El estudio y la localización de las calles en Iguala han demostrado la presencia y la actuación del Estado, pero lamentablemente, no se brindó la protección necesaria. El ocultamiento de esta información ha contribuido no solo a encubrir las responsabilidades del Estado, sino que ha sido una clara negligencia en la desaparición de los jóvenes, al privarlos de información crucial para su búsqueda y la identificación de los responsables.

El GIEI resalta la necesidad de continuar trabajando para esclarecer los hechos y hacer justicia, con pleno respeto a los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre las autoridades y la sociedad civil, se podrá llegar a la verdad y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Es imperativo que se tomen medidas para evitar que casos como el de Ayotzinapa se repitan en el futuro, y que se establezcan mecanismos efectivos para proteger a los ciudadanos y garantizar su seguridad en el país.

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