La inversión anunciada por la CEA ocurre en medio de exigencias ciudadanas para investigar al exdirector del SIAPA y garantizar el derecho humano al agua ante riesgos sanitarios.
Por Redacción / @Somoselmedio
Guadalajara, Jalisco, 24 de marzo 2026.- En un contexto marcado por denuncias de agua contaminada, fugas estructurales y una creciente inconformidad social, la Comisión Estatal del Agua (CEA) aprobó la reasignación de más de mil millones de pesos al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con el objetivo de mejorar la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
La decisión, avalada por unanimidad en la Junta de Gobierno, contempla redirigir recursos del Programa Presupuestal de Inversión Pública 2026 hacia obras hidráulicas, principalmente en la zona sur de la ciudad, así como la ejecución de trabajos emergentes para intervenir el sistema de distribución, uno de los puntos más críticos señalados por especialistas y ciudadanía.
No obstante, el anuncio se da en medio de una crisis estructural del organismo operador, que ha sido documentada tanto por instancias oficiales como por diagnósticos ciudadanos. El propio SIAPA ha reconocido que hasta el 50% del agua se pierde por fugas en la red, mientras que organizaciones han registrado miles de denuncias por suministro de agua turbia, cortes constantes y deficiencias en el servicio, lo que evidencia fallas profundas en la gestión del sistema.
En este escenario, las campañas #SiapaCorrupto y #ElSiapaQueQueremos posicionaron la destitución del exdirector Antonio Juárez Trueba como un resultado directo de la presión social y las denuncias acumuladas, aunque advirtieron que la medida resulta insuficiente si no se garantiza la continuidad de las investigaciones por posibles actos de corrupción durante su gestión.
“El exdirector no puede irse impune”, señalaron, al insistir en que deben sancionarse las responsabilidades administrativas y penales, así como investigarse a otros integrantes de la estructura directiva del organismo que formaron parte de las decisiones que derivaron en la crisis actual.
El posicionamiento también cuestiona el nombramiento de Ismael Jáuregui Castañeda como nuevo director del SIAPA, al considerar que se realizó sin un proceso de consulta técnico-social, pese a la gravedad del contexto hídrico y sanitario que enfrenta la ciudad.
Las organizaciones advierten que el nuevo titular debe demostrar resultados en el corto plazo bajo un periodo de evaluación, al tiempo que expresan preocupación por su perfil, al señalar la falta de experiencia en gestión hidráulica y antecedentes de obras cuestionadas durante su paso por la administración municipal de Zapopan.
Desde esta perspectiva, sostienen que el relevo en la dirección debió formar parte de una reingeniería profunda del organismo, con participación de especialistas, academia y ciudadanía, y no limitarse a un cambio administrativo inmediato.
En su posicionamiento, las campañas colocan en el centro la dimensión de salud pública que atraviesa la crisis del agua en el AMG. Señalan que la calidad del agua que llega a miles de hogares representa un riesgo que no ha sido atendido con la urgencia necesaria, por lo que insisten en la necesidad de que se declare una alerta sanitaria, se garantice de manera inmediata el acceso a agua segura en las colonias afectadas y se proteja de forma prioritaria a poblaciones vulnerables como infancias, personas adultas mayores y mujeres.
Asimismo, demandan la realización de estudios integrales del agua desde su origen hasta su llegada a los hogares, incluyendo análisis de contaminantes biológicos y sustancias tóxicas, así como una reestructuración del SIAPA que parta del combate a la corrupción, la depuración de sus cuerpos directivos y el fortalecimiento de su carácter público y comunitario. En este mismo marco, exigen la publicación del proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara para su revisión técnica, social y ambiental, como parte de un proceso de transparencia y rendición de cuentas.
Aunque la reasignación de más de mil millones de pesos representa una de las principales apuestas financieras recientes para atender la crisis hídrica, especialistas han advertido que el problema no se resuelve únicamente con inversión, sino con cambios estructurales en la forma en que se gestiona el agua en la ciudad.
La creación de mesas de trabajo con participación de expertos y academia, anunciada por el gobierno estatal, contrasta con la ausencia de mecanismos claros de participación ciudadana, uno de los reclamos más reiterados por colectivos y organizaciones que han denunciado la falta de representación social en la toma de decisiones del SIAPA.
El conflicto en torno al SIAPA ha dejado de ser únicamente un problema de infraestructura o financiamiento para convertirse en una disputa por el modelo de gestión del agua. Mientras el gobierno apuesta por intervenciones técnicas y presupuestales, sectores de la sociedad civil insisten en que la crisis revela una falla más profunda: la desconexión entre las decisiones institucionales y el derecho humano al agua.
En este escenario, la reasignación de recursos abre una nueva etapa en la gestión del organismo, pero también intensifica las exigencias de transparencia, participación y justicia frente a una crisis que, para miles de personas en Guadalajara, se manifiesta todos los días al abrir la llave.
