La Suprema Corte de Brasil condenó a los autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco, ocho años después del crimen que sacudió al país, en un fallo que evidencia avances judiciales y profundas fallas institucionales en la protección de defensores de derechos humanos.
Por Redacción / @Somoselmedio
La madrugada del 14 de marzo de 2018, Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y activa crítica de la violencia policial, la discriminación estructural y el poder de las milicias, fue asesinada a tiros junto con su chofer Anderson Gomes cuando salía de un acto en el centro de la ciudad. El ataque no solo acabó con su vida, sino que detonó una ola de indignación nacional e internacional, convirtiéndose en símbolo de la violencia política contra defensoras de derechos humanos en Brasil.
Con el tiempo, la investigación reveló un entramado de conexiones entre crimen organizado, estructuras policiales y actores políticos locales, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones encargadas de proteger la vida y los derechos de quienes desafían al poder hegemónico y las redes de impunidad.
Ocho años después de aquel crimen que conmovió a millones, el 25 de febrero de 2026 la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dictó una sentencia histórica al condenar por unanimidad a João Francisco “Chiquinho” Brazão y Domingos Brazão, políticos con influencia en Río de Janeiro, a 76 años de prisión por ordenar el asesinato de Marielle y su chófer. Además de estos dos mandantes, otros implicados —incluido un expolicía militar y exfuncionarios policiales— recibieron penas que oscilan entre 9 y 56 años de cárcel por homicidio, organización criminal y obstrucción de justicia.
El alto tribunal determinó también la pérdida de cargos públicos y el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas, un reconocimiento jurídico que, en términos patrimoniales, busca compensar el daño causado por el ataque y la impunidad prolongada.
Esta sentencia se produce luego de un proceso judicial que incluyó la condena de dos ex policías militares —responsables materiales del crimen— en 2024, y la revelación de que los Brazão habrían ordenado el asesinato para silenciar la oposición política de Franco, particularmente en relación con intereses vinculados a negocios inmobiliarios ilegales y la expansión del control de milicias en zonas empobrecidas de Río de Janeiro.
Sin embargo, para organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, este fallo representa solo una parte de la justicia exigida por las víctimas y por quienes defienden derechos humanos en Brasil, pues el proceso judicial expuso también la lentitud, los vacíos investigativos y las resistencias institucionales que retrasaron la identificación de altos actores implicados en la trama criminal. El caso, según estas organizaciones, es un “test decisivo” de la voluntad del Estado brasileño de enfrentar la impunidad en ataques contra defensores de derechos.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el asesinato de Marielle Franco puso al desnudo las fragilidades del Estado de derecho en Brasil, particularmente en contextos de violencia estructural, racismo sistémico, discriminación social y la intersección de fuerzas paramilitares con las instituciones públicas. El hecho de que líderes políticos con trayectoria y conexiones dentro del aparato estatal hayan podido planear y ejecutar un asesinato político para conservar intereses demuestra déficits en mecanismos de protección de defensoras y defensores, así como una falla en la prevención de violaciones a derechos civiles fundamentales.
La memoria de Marielle Franco —como mujer negra, lesbiana, proveniente de una favela y voz crítica de la violencia estatal y paraestatal— sigue siendo un referente en las demandas por justicia social y derechos humanos no solo en Brasil, sino en toda América Latina. Su trayectoria y el largo proceso judicial también subrayan la necesidad de reformas profundas en las instituciones que deben garantizar la seguridad, la igualdad y la justicia para las poblaciones históricamente marginadas.
