La difusión de un taller titulado “Elabora tu kit forense en caso de desaparición” generó críticas y cuestionamientos sobre el papel del Estado frente a la crisis de desapariciones. El gobierno municipal canceló la actividad y separó del cargo a la titular de la Instancia Municipal de la Juventud.
La crisis de desapariciones en Oaxaca
Por Redacción / @Somoselmedio
La difusión de un taller titulado “Elabora tu kit forense en caso de desaparición” provocó indignación y críticas en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, luego de que la actividad fuera promovida por el ayuntamiento encabezado por la presidenta municipal Ana Cecilia Pérez Velásquez en el contexto de las actividades del Día Internacional de la Mujer (8M).
La convocatoria, difundida desde las redes institucionales del municipio, invitaba a mujeres a participar en un taller para preparar un “kit forense” que pudiera servir en caso de desaparición, lo que fue interpretado por colectivos y ciudadanía como una muestra del grado de normalización que ha alcanzado la crisis de desapariciones en el país.
Ante la reacción social, el gobierno municipal anunció la cancelación inmediata de la actividad, la eliminación de la publicación y la separación del cargo de la titular de la Instancia Municipal de la Juventud, Keyla Karlet Calvo Vásquez, responsable del área desde la que se difundió la iniciativa.
En un comunicado oficial, la presidenta municipal Ana Cecilia Pérez Velásquez informó que la decisión de remover a la funcionaria se tomó “en estricto apego al compromiso de conducir el ejercicio público con responsabilidad y sensibilidad institucional”.
El ayuntamiento sostuvo que ninguna acción que genere preocupación en la ciudadanía será tolerada, por lo que se ordenaron revisiones internas para fortalecer los mecanismos de supervisión entre las distintas áreas del gobierno municipal.
La administración local reiteró que su compromiso es actuar con responsabilidad, transparencia y respeto hacia la población de Santo Domingo Tehuantepec.
Posteriormente, en una conferencia de prensa, la Instancia Municipal de la Juventud y el área de Prevención del Delito ofrecieron una disculpa pública a las familias buscadoras, colectivos y mujeres que se sintieron agraviadas por la difusión del taller.
Las autoridades reconocieron que la forma en que se comunicó la actividad fue inadecuada, especialmente por tratarse de un tema profundamente sensible en un país marcado por la desaparición de personas.
“Les expresamos nuestro respeto, escucha y solidaridad. Reconocemos que este es un tema sensible para muchas familias y que debe comunicarse siempre con el mayor cuidado”, señalaron durante el posicionamiento.
También afirmaron que la intención inicial de la iniciativa no era trivializar la violencia ni el dolor de las víctimas, sino abrir un espacio de reflexión y prevención.
La polémica generada por este taller ocurre en un contexto nacional marcado por una crisis estructural de desapariciones que ha obligado a miles de familias a convertirse en buscadoras de sus propios seres queridos.
Durante los últimos años, colectivos de madres y familiares han denunciado que la búsqueda de personas desaparecidas ha recaído en gran medida en la sociedad civil, ante la falta de respuestas eficaces por parte de las instituciones encargadas de investigar y localizar a las víctimas.
Esta realidad ha transformado el paisaje social del país: brigadas ciudadanas de búsqueda, excavaciones en fosas clandestinas y redes de identificación forense impulsadas por colectivos se han convertido en parte del trabajo cotidiano de quienes exigen verdad y justicia.
En ese contexto, la promoción de un taller institucional que plantea la preparación de un “kit forense” para una eventual desaparición fue interpretada por diversos sectores como una señal del fracaso del Estado para garantizar seguridad y prevenir la violencia.
Más allá del error comunicativo reconocido por el ayuntamiento, el episodio abrió un debate más amplio sobre el papel de las instituciones públicas frente a la crisis de desapariciones.
Para organizaciones de familiares de personas desaparecidas, el fondo del problema sigue siendo el mismo: la ausencia de políticas integrales que garanticen el derecho a la vida, la seguridad y la justicia.
