La Red de Agricultura Urbana y Periurbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara (RAUZMG) rechazó la iniciativa de Ley de Huertos Urbanos y Jardines Polinizadores aprobada en comisiones del Congreso de Jalisco, al considerar que impone permisos y controles que vulneran la autonomía comunitaria y el derecho a sembrar en el espacio público.
Por Redacción / @Somoselmedio
La Red de Agricultura Urbana y Periurbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara (RAUZMG) denunció que el pasado 18 de diciembre de 2025, que en pleno inicio del periodo vacacional, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó en comisiones una iniciativa de Ley de Huertos Urbanos y Jardines Polinizadores sin un proceso amplio de consulta con las comunidades que practican agricultura urbana.
De acuerdo con el pronunciamiento público difundido el 7 de enero de 2026, la red —integrada por colectivos, comunidades y personas que desde 2016 impulsan la agricultura urbana agroecológica— sostiene que la propuesta transforma una práctica comunitaria y autogestiva en una actividad sujeta a permisos, registros y supervisión institucional.
La palabra clave principal que atraviesa el posicionamiento es clara: Ley de Huertos Urbanos en Jalisco. Para la RAUZMG, el problema no es el fomento de huertos, sino el enfoque normativo que subordina proyectos existentes a criterios administrativos externos. “Si fomentar los huertos comunitarios fuera el objetivo real, la acción prioritaria no sería crear nuevos mecanismos de control, sino eliminar los obstáculos legales que hoy criminalizan esta práctica”, advierte el documento.
En los hechos, la iniciativa —presentada como una ley de impulso— podría poner en riesgo huertos comunitarios ya establecidos en parques, barrios y escuelas del Área Metropolitana de Guadalajara. La red alerta que artículos específicos otorgan facultades discrecionales a las autoridades para decidir quién puede sembrar, dónde y bajo qué condiciones, lo que abre la puerta a exclusiones y conflictos comunitarios.
El pronunciamiento también subraya un enfoque de derechos humanos. Según la RAUZMG, la iniciativa vulnera el principio de proporcionalidad y podría ser inconstitucional, al imponer obligaciones universales sin distinguir entre prácticas comunitarias y proyectos con fines comerciales. En ese sentido, advierten que la ley podría contravenir criterios técnicos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos y libertades colectivas.
Otro punto crítico es la creación de un Banco de Semillas y un sistema de información geográfica obligatorio. Para los colectivos firmantes, centralizar el resguardo de semillas nativas y exigir la georreferenciación y trazabilidad de los huertos implica riesgos de control genético, apropiación de saberes y mercantilización del territorio urbano y periurbano.
La RAUZMG recuerda que no es la primera vez que se intenta legislar en este sentido. En 2023, una propuesta similar fue frenada tras la movilización de colectivos y comunidades. Dos años después, señalan, el Congreso retoma una iniciativa que privilegia una visión productivista y agroindustrial, alineada con intereses empresariales, y deja fuera la dimensión social, cultural y política de la agricultura urbana comunitaria.
En un contexto de crisis socioambiental y de salud pública, la red cuestiona que se pretenda regular a quienes cuidan el territorio, mientras se mantiene la permisividad frente a industrias agroalimentarias responsables de contaminación, acaparamiento de agua y explotación laboral. “La agricultura urbana no es el problema que el Estado necesita corregir: es una solución social ya existente”, subrayan.
El pronunciamiento concluye con un llamado a retirar la iniciativa en su forma actual y a reconocer que sembrar es un derecho, no una concesión del Estado. Decenas de organizaciones, colectivos y personas de distintas regiones de México y otros países han adherido al rechazo, anticipando que el debate legislativo podría escalar en las próximas semanas.
