Madres buscadoras denuncian los obstáculos, omisiones y negligencias institucionales que enfrentan para la búsqueda de sus seres queridos y alertan que los tres niveles de gobierno han administrado su dolor y el derecho a la memoria, verdad y justicia.
Por Alan Adán / @AdanFG832 y Yolanda Bahena / X: @wiolandmx
Ciudad de México, 17 de julio de 2026.- La noche del jueves 16 de julio de 2026, integrantes del colectivo “Una Luz en el Camino” participaron en el conversatorio “Madres buscadoras ante la crisis de desaparición: obstáculos para la búsqueda y prevención”, realizado a las 18:00 horas en la librería U-Tópicas. Ahí, madres y familiares de personas desaparecidas relataron los obstáculos institucionales que enfrentan desde hace años, en un país que —de acuerdo con las cifras que ellas mismas manejan— supera los 135 mil desaparecidos, más de 6 mil de ellos únicamente en la Ciudad de México.
El colectivo nació en enero de 2021 tras la desaparición de Jael Monserrat Uribe Palmeros, ocurrida el 24 de julio de 2020 en la capital del país cuando la joven tenía 21 años. Ante la negligencia de las autoridades, su madre, Jacqueline Palmeros, decidió unir fuerzas con otras familias en busca de apoyo mutuo. Hoy el colectivo agrupa a 70 familias provenientes de más de 20 entidades del país y ha participado en búsquedas de campo, recorridos en anexos, hospitales psiquiátricos, servicios médicos forenses y centros penitenciarios, además de campañas de difusión en redes sociales. Su trabajo ha sido reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Palmeros relató que su hija desapareció luego de que dos conocidos la citaron con la promesa de un empleo, dejando a dos hijos pequeños que en ese entonces tenían 4 y 2 años de edad. Aseguró que nunca hubo una búsqueda impulsada por la fiscalía ni por la Comisión de Búsqueda, pese a que ya existían protocolos y alertas especiales para casos de mujeres desaparecidas. En 2024, durante una brigada regional, localizó únicamente el cráneo de su hija, hallazgo que atribuye a una posible <<siembra>> por parte del propio Estado para intentar callarla. “Parimos hijos completos, hijas completas, y yo no me voy a conformar con haber encontrado solamente el cráneo y la mandíbula de mi hija”, sentenció.
Además, Palmeros denunció la colusión y la omisión del Estado para investigar la trata de personas, línea bajo la cual buscó a su hija en 23 estados de la República. Acusó que las autoridades prefieren catalogar las desapariciones como “ausencias voluntarias” para ocultar delitos graves como la trata sexual, la pedofilia, el reclutamiento forzado, la trata laboral y el uso de mujeres para vientres de alquiler.
Por su parte, Carolina Espinoza, otra integrante del colectivo, busca a su esposo Ignacio Santiago Pérez, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desaparecido el 12 de junio de 2020. Contó que al día siguiente de su desaparición fue enviada de una alcaldía a otra sin que ninguna autoridad tomara su denuncia, y que su carpeta de investigación permaneció detenida ocho meses hasta que se sumó al colectivo. La camioneta de su esposo fue localizada un año después en Morelos, pero hasta la fecha no se le han practicado pruebas periciales ni ha podido salir de un corralón particular por negligencia del Ministerio Público. Debido a la falta de un cuerpo y a que las autoridades no le han entregado la declaración de ausencia, Espinoza no ha podido acceder a la pensión de su esposo.
Daniela González, madre de Axel Daniel González Ramos —desaparecido el 23 de junio de 2022 en el Ajusco cuando tenía 16 años—, señaló que el caso de su hijo estaría vinculado a actividades del crimen organizado en la zona, entre ellas tala clandestina, despojo de predios, el cobro de piso y el narcomenudeo. Debido a este contexto, las familias han solicitado reiteradamente a las autoridades que se abra una línea de investigación independiente enfocada en estos grupos delincuenciales y en cómo operan. Sin embargo, las autoridades no han querido investigar ni entrar a indagar esta línea, a pesar de que las propias familias han recabado y entregado información arriesgando sus vidas; porque, asegura, el Estado tendría que aceptar la existencia de grupos criminales en la zona.
González detalló que, en diciembre de 2025, las familias buscadoras recuperaron 32 restos humanos sobre la Carretera Federal a Cuernavaca, pertenecientes a tres hombres y una mujer aún sin identificar. Posteriormente, en enero de 2026, González recibió una llamada telefónica con amenazas para “calmar” sus acciones en el Ajusco, en la cual le informaron que su hijo habría sido privado de la vida y arrojado sobre la Carretera Federal a Cuernavaca, el mismo tramo donde meses antes se habían recuperado los 32 restos; los restos localizados a partir de ese aviso continúan en proceso de identificación forense.
Las tres mujeres coincidieron en señalar la pérdida de sus empleos, la falta de atención psicológica y económica, y lo que calificaron como revictimización por parte de funcionarios y cambios constantes de personal en las fiscalías, lo que implica retrocesos y empezar de nuevo en las investigaciones y a quienes acusaron de limitarse a administrar su dolor: “Porque lo que están haciendo siempre y lo voy a decir fuerte y quedito es administrando el dolor, administrar el dolor de las familias buscadoras a nivel nacional, local y federal”, puntualizó Palmeros.
También denunciaron actos de violencia durante el pasado Mundial, entre ellos el robo de mantas con fotografías de sus familiares durante una manifestación en el Ángel de la Independencia. Palmeros señaló, además, que no lograron realizar una velada pacífica que habían planeado cerca del Estadio Azteca. Aunado a esto, Palmeros denunció que les robaron el derecho a la memoria al retirar, el Antimonumento que las compañeras habían colocado el pasado 12 de julio en el aniversario de Ana Amelí.
Las buscadoras arremetieron contra la crisis forense y la indolencia gubernamental. Palmeros calificó como “una porquería” el informe oficial presentado recientemente el pasado 10 de julio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), encabezada por Bertha Alcalde Luján, sobre la zona de Tláhuac-Chalco, revelando que mientras las familias tenían documentados 1,590 restos recuperados tras volver a cernir la tierra, las autoridades les presentaron un informe donde solo reconocían 1,050 restos, “desapareciendo” así 550 restos, según la cuenta que la propia Palmeros hizo pública. Además, criticó que el gobierno intentó clasificar inicialmente estos restos como “prehispánicos” para evadir su responsabilidad de identificación, cuando en realidad pertenecen a personas contemporáneas.
Ante esta situación, Palmeros exigió avances en la denuncia penal y la queja de derechos humanos contra Andrés Oriol Morales, subdirector de Tanatología del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), a quien las familias evidenciaron con videos e imágenes atentando contra la dignidad post mortem de los restos, sin que hasta el momento haya sido removido de su cargo.
Palmeros alertó que las desapariciones ya no es un tema que solo sucede en los estados del norte del país, como suele percibirse en el imaginario colectivo, sino que es una realidad que ya también se está viviendo en la Ciudad de México. “Las buscadoras de pico y pala ya no solamente están en Sonora o en Sinaloa. Las buscadoras, buscadores de pico y pala ya también entraron aquí a la Ciudad de México desde hace varios años”, advirtió.
La buscadora resaltó que es gracias al trabajo de búsqueda realizado por ellas que la Fiscalía ha aprendido cómo hacer la labor: “las familias fuimos quienes avanzamos, quienes les enseñamos cómo se hacía. Que les llamen como quieran, ahora les llaman búsquedas generalizadas y por patrones hechas por la Comisión de Búsqueda y el Gabinete de Búsqueda de la Ciudad de México. Pero nunca van a decir, las familias nos enseñaron”. Sin embargo, denunció, siguen haciendo el trabajo que le corresponde al Estado.
Finalmente, adelantaron que este viernes 17 de julio se reunirán con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para exigir el cumplimiento de los acuerdos del gabinete de búsqueda capitalino. El colectivo anunció que el 11 de agosto retomará las búsquedas en una zona complicada de Tláhuac que nunca antes ha sido rastreada, por lo que solicitaron el apoyo solidario de la ciudadanía. Entre sus demandas principales, las madres pidieron la creación de un hospital especializado, escuelas de atención y una “Utopía” —en referencia irónica al programa de centros comunitarios de la Ciudad de México— para las infancias y adolescencias que son víctimas indirectas de delitos de alto impacto.
“Lo que no se nombra no existe. Lo que no se acepta, nunca le van a poner un remedio”, resumió Jacqueline Palmeros al cierre del conversatorio. Con ello, hizo un llamado urgente a implementar programas de prevención escolar ante las desapariciones en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP); una propuesta que, denunciaron, ha sido sistemáticamente rechazada por el Estado a pesar de que ellas mismas han presentado el contenido de los programas. Las buscadoras señalaron que las autoridades evitan incorporar estas temáticas en las aulas para no visibilizar la gravedad de la crisis de desapariciones y los delitos asociados. De acuerdo con las buscadoras, admitir la necesidad de estos talleres obligaría a las instituciones a reconocer oficialmente la existencia de estas redes criminales en el país, asumiendo con ello una responsabilidad y un costo político que el gobierno prefiere evadir, finalizaron.
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Esta nota es resultado del Programa de Periodismo Juvenil 2026, un proceso formativo impulsado por ARTICLE 19 y Somoselmedio para fortalecer las herramientas de jóvenes interesados en el periodismo y la comunicación.
