El gobierno federal acusa sesgo en el análisis del Comité contra la Desaparición Forzada, mientras el organismo advierte que la crisis en México podría constituir crímenes de lesa humanidad
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 2 de abril 2026.- El Gobierno de México rechazó el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que su contenido es “tendencioso” y omite avances institucionales en materia de búsqueda e investigación de personas desaparecidas implementados desde 2018.
En un posicionamiento oficial, las autoridades señalaron que el documento no incorpora las observaciones, análisis ni actualizaciones entregadas por el Estado mexicano, particularmente aquellas relacionadas con reformas legales y mecanismos de coordinación implementados en los últimos años. Según el gobierno, esta omisión deriva en conclusiones que “no coinciden” con la definición de desaparición forzada del propio comité ni con la situación actual del país.
El informe del CED sostiene que existen “indicios fundados” de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al advertir la presencia de patrones generalizados o sistemáticos contra la población civil. Además, el organismo internacional solicitó que la situación en México sea remitida a la Asamblea General de la ONU para valorar medidas de apoyo en materia de investigación, búsqueda y sanción de estos delitos.
Frente a estos señalamientos, el gobierno mexicano argumentó que el procedimiento de la Convención Internacional está diseñado para contextos donde las desapariciones son ejecutadas de forma sistemática por agentes del Estado y existe negativa a investigar, condiciones que —afirma— no corresponden al México actual.
Las autoridades también subrayaron que el propio comité reconoce en su resolución que no existen indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas, lo que, según el gobierno, evidencia una diferencia sustancial entre el contexto actual y periodos anteriores, particularmente entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El posicionamiento oficial también cuestiona el rigor jurídico del informe y señala posibles conflictos de interés dentro del comité, al afirmar que algunos de sus integrantes habrían colaborado con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
En contraste, el CED advirtió que, si bien no hay evidencia de una política federal sistemática, sí existen casos documentados en los que funcionarios públicos habrían participado directa o indirectamente en desapariciones, ya sea por acción, autorización o aquiescencia. Asimismo, enfatizó que el derecho internacional no exige que estos crímenes sean diseñados desde las más altas esferas del poder, sino que basta con identificar patrones y magnitud de los ataques contra la población civil.
El organismo internacional también alertó sobre la dimensión de la crisis: más de 4 mil 500 fosas clandestinas localizadas, miles de restos humanos sin identificar y una estructura institucional que continúa rebasada. A pesar de medidas adoptadas en años recientes, el comité considera que no hay evidencia de una mejora sustancial en la situación.
Como parte de su defensa, el gobierno mexicano destacó reformas aprobadas en 2025 que incluyen la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, la obligatoriedad de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y una mayor coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda.
No obstante, el contraste entre ambas posturas evidencia una disputa de fondo: mientras el Estado sostiene que ha emprendido una transformación institucional con participación de familias y colectivos, el comité de la ONU advierte que la magnitud del fenómeno, la persistencia de la impunidad y la posible participación de agentes públicos mantienen abierta la hipótesis de crímenes de lesa humanidad.
En ese escenario, la discusión no se limita a un diferendo técnico, sino a la forma en que se nombra, dimensiona y asume la crisis de desapariciones en México: como un problema heredado y en proceso de atención, o como una violación estructural de derechos humanos que continúa en curso.
