Ciudad de México, 08 de agosto de 2109. México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de la desaparición forzada de Christian Padilla en Veracruz en 2010, señaló el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un dictamen publicado en Ginebra.
La víctima conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, Veracruz, en octubre de 2010, cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a una de ellas, a punta de pistola. Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo en ninguna comisaría; ella y familiares de la víctima presentaron denuncias. Identificó a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado “Los Zetas”.
Dado que las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación, la familia de la víctima directa llevó el caso al Comité de Derechos Humanos. El Comité señaló que la investigación de un caso de desaparición forzada no puede basarse en la confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas. Además, añadió que los centros de detención clandestinos son, per se, una violación de los derechos a la libertad personal.
Los expertos señalaron que México violó el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a recursos judiciales efectivos, especificaron que no se han practicado a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables.
“Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos. El Comité solicitó a México que informara, dentro de 180 días, sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.
