La militarización y las reformas constitucionales en materia de seguridad vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos.
Por: Cinthia Quinto/ @CinQuinto / @somoselmedio
Ciudad de México a 19 de septiembre 2022.- El pasado 18 de septiembre en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer su preocupación en relación a la aprobación de las reformas constitucionales en materia de seguridad las cuales vulneran los procesos de construcción de paz en los pueblos, comunidades y colectivos, por lo que hicieron un llamado para poder crear un modelo de seguridad completamente diferente el cual impulse diversas soluciones a la violencia que predomina en Chiapas y el resto de país.
A través de un comunicado, el Frayba resaltó que actualmente las fuerzas armadas en el estado de Chiapas han servido como elementos represivos, los cuales buscan desmovilizar a los pueblos y comunidades que buscan defender su tierra y territorio.
Ejemplo de esto, fue en 2018, cuando el ejército mexicano implementó un aparato de hostigamiento, intimidación, espionaje y criminalización a la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbre (PADUC), el cual incursionó en la Comunidad de Angel Albino Corzo del municipio de Palenque Chiapas, el 18 de febrero de ese mismo año, dicho operativo se realizó por distintos efectivos militares (38 zona militar, 18 de infantería y la séptima región militar). Policías Federales y Estatales, así como policías ministeriales, quienes bajo el argumento de aplicar la “Ley de Seguridad Interior” desplegaron un cerco a la comunidad, generando terror contra representantes de decenas de comunidades.
El 15 de octubre del 2022, el pueblo Tseltal de Chilón, se manifestó en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional (GN), el cual se construyó en su territorio sin su consentimiento, por lo que fueron reprimidos por Policías Municipales de Ocosingo y Chilón, por la Policía Estatal.
Asimismo, con el apoyo de la GN agredieron con piedras, palos, gases lacrimógenos, golpearon a personas y vehículos, causando lesiones, daños materiales pero sobre todo la detención arbitraria de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes además de haber sido torturados, enfrentaron un proceso penal injusto ya que se les acusó del delito de Motín.
El Frayba detalló que debido a la actual remilitarización de Chiapas el tráfico y consumo de drogas ha incrementado, así como la desaparición de personas y los homicidios. Dentro de los impactos de la violencia se encuentran: comunidades agredidas y obligadas a desplazarse, toques de queda por grupos criminales y zonas de silenciamiento.
“El Gobierno Federal ignora lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han expresado su preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Han exhortado al Estado mexicano a cambiar el enfoque militarizado de la seguridad.”
Sin embargo, el titular del ejecutivo, con la aprobación del Congreso de la Unión, otorgaron el control a la Secretaría de la Defensa Nacional de la operación y administración de la GN. Con esta iniciativa el gobierno profundiza la militarización del país, poniendo en riesgo e inseguridad a quienes se organizan para la defensa de sus derechos y del territorio.
El Frayba informó que actualmente en Chiapas se tiene planeado concluir la construcción de 24 cuarteles de la Guardia Nacional (GN) de los 500 proyectados a nivel nacional. Contará con 3522 efectivos, de 223 000 elementos que forman esa institución y distribuidos en 266 coordinaciones regionales a nivel nacional.
Los cuarteles se han instalado en territorios de Pueblos Originarios que se oponen al despojo de sus espacios de vida a través de los megaproyectos del Gobierno Federal, como el tren maya, el corredor interoceánico, la Refinería Dos Bocas o la infraestructura carretera que los conectan.
Por lo que en el Frayba, expresó su preocupación ante la aprobación de las reformas constitucionales en materia de seguridad que vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos, comunidades y colectivos.
