Por El Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
El anuncio que hizo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, este domingo 20 de febrero, en la ciudad de Chilpancingo, tiene una importancia inusitada por la inversión que realizará en el estado durante el segundo trimestre de su administración. Para este año tiene programados mil 85 millones de pesos que se ejecutarán en 23 municipios, siendo la totalidad de la Montaña y cuatro de la Costa Chica. Pavimentarán 221 kilómetros que serán distribuidos en 66 comunidades que se involucrarán en la construcción de carreteras artesanales. Las obras, de acuerdo con el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, es para terminar con el abandono secular de los pueblos indígenas. Lo harán teniendo como punto de partida la participación de las comunidades. Serán las asambleas las que nombrarán los comités comunitarios que serán conformados de manera paritaria: 50 % mujeres y 50% hombres. Preferentemente nombrarán a una mujer como tesorera del comité, para garantizar el manejo honesto de los recursos financieros. Los 66 comités se coordinarán con los 23 presidentes y presidentas municipales, quienes no serán los que decidan cómo se hará la obra ni manejarán los recursos. La planeación de las obras se realizará con las comunidades y las principales decisiones serán tomadas por consenso.
El objetivo de este programa es mejorar la conectividad municipal en las comunidades más recónditas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Con estas carreteras se busca romper con el aislamiento ancestral y acercar los servicios educativos y de salud en los lugares donde no hay médicos ni docentes. Con esta inversión se busca capitalizar la región con la creación de empleos en las mismas comunidades que serán beneficiadas. Es un fondo que negoció el secretario de Hacienda con varias empresas encargadas de dar mantenimiento a las carreteras nacionales. Se revisaron los contratos y se realizaron algunos ajustes en los presupuestos para obtener algunos ahorros. Se trata de recursos financieros que ya estaban comprometidos para los trabajos de mantenimientos de otras carreteras, sin embargo, con la negociación que realizaron se obtuvieron ahorros para realizar los 66 caminos para la Montaña y Costa chica de Guerrero. Las empresas concesionarias aportaron la reducción de sus propios recursos para concretar este programa carretero en 23 municipios.
Para el presidente Andrés Manuel, México no tendría la misma historia sin la participación en las batallas por la transformación social protagonizadas por el pueblo de Guerrero. Reiteró que las y los guerrerenses siempre están a la vanguardia, y puso como ejemplos a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Ellos abrieron camino con acciones de confrontación con el estado autoritario. Manifestó que ya no se requiere tomar las armas, porque el pueblo quiso que se llevara a cabo un cambio de manera pacífica. Resaltó que con su gobierno se está realizando una transformación, igual de profunda porque se quiere arrancar de raíz el mal de la corrupción. Enfrentar la desigualdad, el racismo, el clasismo y la discriminación. El pueblo de Guerrero siempre ha ayudado en las transformaciones sociales en beneficio de los pobres. Es un pueblo progresista con vocación democrática. En esta lucha tiene que haber pasión y los guerrerenses lo han demostrado a lo largo de la historia. Se sinceró al decir que no estaba ayudando lo suficiente a Guerrero. Lo ha hecho con los programas federales y con el programa fertilizante, pero aun así valoró que falta atender más a la región de la Montaña. Comentó que se necesita orientar mejor el presupuesto a la zona más pobre. Por eso anunció que se invertirán tres mil millones de pesos en caminos durante 3 años. En su anuncio se arriesgó a decir que si hay buenos resultados asume el compromiso de conseguir más recursos. Se comprometió a estar cada tres meses en la Montaña para evaluar los trabajos. A partir del mes de mayo se propone visitar los 23 municipios. Por otra parte, resaltó que hay un plan para rehabilitar los centros de salud en Guerrero, para que no falten médicos ni enfermeras. También quiere que en el campo de la salud se logren avances. Anunció que recientemente llegó a un acuerdo con los empresarios que promueven el teletón, con el fin de apoyar a niños y niñas con discapacidad. Además de garantizar que todas las personas discapacitadas tengan su pensión, propuso a los empresarios que el próximo teletón sea para construir otro centro de rehabilitación en la ciudad de Tlapa.
Amplios sectores de la población guerrerense y de otras entidades, apoyan esta política social orientada a revertir los rezagos históricos que padecen más de 60 millones de mexicanos y mexicanas. Esta orientación del presupuesto federal hacia los programas sociales, representa un avance para revertir la desigualdad social y atender a los sectores sociales más depauperados. El combate a la corrupción y su lucha contra los gastos suntuosos en su administración federal, ha sido el sello distintivo del presidente de la república para diferenciarse de las demás administraciones. Es uno de los pilares que le han servido para ampliar su popularidad y mantener una imagen positiva entre millones de adeptos. Sin embargo, su alianza que ha establecido con las fuerzas armadas, ha provocado desencuentros y hasta confrontaciones con colectivos y familiares de personas desaparecidas, tanto de la guerra sucia como en los años cruentos de la guerra contra el narcotráfico. Hay posturas muy claras, tanto de organismos internacionales de derechos humanos como de organizaciones sociales y civiles en los diferentes estados del país, de que el presidente Andrés Manuel ha optado por militarizar al país al otorgarle mayores facultades y funciones, colocándolo como el actor más confiable para la implementación de sus políticas de seguridad y para el impulso de sus megaproyectos. Hay una reivindicación del papel del ejército en el proceso de la cuarta transformación, dejando de lado las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido y que se mantienen en la impunidad. Se ha probado que con la suplantación de las autoridades civiles por parte del ejército, desempeñando tareas de seguridad, se incrementa el número de víctimas de la violencia, por el uso de la fuerza que realizan los elementos castrenses.
Además del poder económico que ostenta el ejército, transformado ahora en una gran empresa constructora, con la nueva reforma a la ley orgánica del ejército y fuerza aérea mexicanos, avanza en la autonomía de las fuerzas armadas, con la creación de la comandancia del ejército. Esta nueva propuesta fue diseñada al interior del instituto armado, sin tomar en cuenta al poder legislativo para analizar y discutir las implicaciones de esta reforma en la nueva organización castrense. Ignoró los controles externos que deben existir sobre las fuerzas armadas. Lo peor de todo es que el ejecutivo federal le sigue allanando el camino a las fuerzas armadas, para que sea un poder autónomo que no rinda cuentas a los poderes establecidos, ni existan controles externos que acoten su poder y se supediten a los mandos civiles.
En el estado de Guerrero, no solo es un pueblo combativo que ha ayudado a las transformaciones sociales, sino también un pueblo que reclama justicia por las atrocidades cometidas por el ejército. Desde la guerra sucia, en la década de los sesenta hasta nuestros días, se mantiene un continuum de impunidad, donde se ha establecido un pacto entre los cacicazgos políticos que se caracterizaron por usar la fuerza para reprimir el malestar social. Utilizaron al ejército como el principal perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos como las desapariciones forzadas, las ejecuciones arbitrarias y la práctica sistemática de la tortura, como método de investigación. La guerra de contrainsurgencia, como política de estado se mantiene intocada con la incorporación del crimen organizado, que reproduce las prácticas deleznables de los agentes del estado, como parte del libreto de la guerra que han implementado los gobiernos autoritarios.
La proliferación de los grupos de la delincuencia organizada y su expansión a lo largo y ancho del estado, es la nueva versión de una política represiva que deja crecer a los grupos civiles armados enquistados en las estructuras gubernamentales, para causar terror entre la población; desmovilizar a los diferentes sectores de la sociedad civil organizada; fragmentar el tejido comunitario; debilitar las luchas de resistencia e infiltrar a grupos de autodefensa y de la misma policía comunitaria, para sumarlos a su causa. Es inaudito que se realicen despliegues militares ostentosos con la guardia nacional, para contener las protestas de madres y padres de familia y de los normalistas de Ayotzinapa. Usan toda su fuerza, sin embargo, dejan flancos abiertos en lugares donde se requiere la presencia de las fuerzas castrenses para replegar y desactivar a los grupos armados, que se han ostentado como un poder factico por encima de las autoridades municipales. Las flaquezas que ha demostrado el ejército con sus incursiones armadas en algunas comunidades controladas por el crimen organizado, solo generan sospechas y desconfianza al negociar su libertad con la población local, sin trastocar las estructuras criminales.
Hay una gran ausencia de las autoridades en varios enclaves geográficos donde las organizaciones delincuenciales se encuentran apostadas, cogobernando con las autoridades locales para la distribución de los presupuestos públicos. A pesar de la gran popularidad que goza el presidente de la república en el estado de Guerrero, existe una herida abierta causada por los estragos de la militarización que no cicatrizará hasta que se castigue a los responsables. Hay un reclamo legitimo des este pueblo combativo y progresista, de acabar con el pacto del silencio, de no proteger a los violadores de derechos humanos y de dar con el paradero de las personas desaparecidas. Los años sombríos marcados por las graves violaciones a los derechos humanos solo podrán esclarecerse si se procesa a los responsables de estos crímenes atroces y si hay un impulso decidido de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia. El clamor del pueblo de Guerrero está más allá de lo que puedan ofrecer los programas sociales. Se requiere refundar el estado con el imperio de la ley, que pasa necesariamente por el respeto a los derechos humanos de quienes han sufrido la violencia castrense. Así lo exigieron este sábado 19 de febrero varias familias que se desplazaron de la Costa Grande para protestar en la 35 zona militar de Chilpancingo, por los crímenes cometidos por el ejército. El gran desafío para el gobierno de la 4T es cómo garantizar justicia derrumbando los muros castrenses de la impunidad.
