Un juez federal ha dictaminado que las autoridades federales y estatales de Sonora deben implementar medidas de prevención y control para preservar el medio ambiente, mitigar las fuentes de riesgo de contaminación y brindar servicios de salud integral y seguridad escolar debido a la alta exposición a metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi.
La decisión se tomó después de que los habitantes de las comunidades afectadas demostraran que aún prevalece una alta exposición ambiental a arsénico, plomo, cadmio y manganeso, lo que ha afectado la vida y la salud de las personas.
Por Redacción / @Somoselmedio
Un juez federal ha ordenado a las autoridades federales y estatales de Sonora implementar medidas de prevención y control para preservar el medio ambiente, mitigar las fuentes de riesgo de contaminación y brindar servicios de salud integral y seguridad escolar en el contexto de alta exposición a metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi.
La decisión se tomó después de que los habitantes de las comunidades afectadas por el derrame minero ocurrido en 2014 demostraran que aún prevalece una alta exposición ambiental a arsénico, plomo, cadmio y manganeso, que ha afectado la vida y la salud de las personas.
El Comité de Cuenca Río Sonora, (CCRS), hizo un llamado a las autoridades de Profepa, Semarnat, Conagua, Cofepris, Secretaría de Salud Federal y Estatal, Secretaría de Educación y Cultura y el gobernador de Sonora para que cumplan inmediatamente con esta resolución y no sigan posponiendo la atención a las personas afectadas.
El 27 de mayo de 2022, diez habitantes de diferentes municipios del río Sonora presentaron un amparo en el que reclamaron la omisión de las autoridades ambientales y sanitarias de tomar medidas para proteger a la población del alto riesgo de exposición a metales pesados que prevalece en el ambiente y el agua. También pidieron garantizar la calidad del agua en las escuelas a lo largo de la cuenca y atención médica especializada en toxicología.
Ese mismo día, el Juez Decimotercero de Distrito en Sonora, Antonio Mora Diez, admitió la demanda y ordenó como medida cautelar que las autoridades de salud brinden atención médica integral a las personas y que se verifique si el uso y consumo del agua en las escuelas pone en peligro la salud de la infancia. Sin embargo, dejó pendiente el tema de la mitigación de fuentes de exposición.
El 22 de septiembre de 2022, el juez federal ordenó que las autoridades ambientales adoptaran medidas necesarias de prevención y control, como mitigar las fuentes de riesgo, realizar una evaluación actual de los potenciales daños a las personas e informar los resultados. Se determinó que los riesgos de sufrir daños severos a la salud en las poblaciones humanas que habitan en los ocho municipios de la cuenca Río Sonora y que están crónicamente expuestas a un entorno contaminado son significativos y preocupantes.
Finalmente, el 21 de abril de 2023, el juez de distrito concedió la suspensión definitiva, en términos amplios y protectores, ordenando a las autoridades señaladas en el juicio, y todas aquellas que pudieran tener participación, adoptar medidas de prevención y control para preservar el medio ambiente, mitigar las fuentes de riesgo de contaminación, brindar servicios de salud integral y seguridad escolar en el contexto de alta exposición a metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi.
