Por Redacción/@Somoselmedio
Ciudad de México, a 6 de agosto de 2020.- Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, expresaron su profunda preocupación por la situación de libertad de expresión y ataques contra la prensa en el estado de Guerrero por lo que solicitaron a las autoridades estatales acciones urgentes para proteger la vida de periodistas en Iguala.
En un comunicado las organizaciones explicaron que en la zona que comprenden los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, lugares donde existe una permanente disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control de esa zona. Los periodistas son presionados y amenazados para que digan o dejen de decir cosas de acuerdo con los intereses de dichos grupos.
“Se tiene conocimiento que desde inicios de este año decenas de periodistas han recibido amenazas contra su integridad y las de su familia, provocando autocensura, miedo e incluso desplazamientos.”
Por lo que, ante la falta de reacción del gobierno de Héctor Astudillo, las organizaciones lo responsabilizaron de el aumento de la violencia contra la prensa.
Ejemplo de lo anterior, es el reciente asesinato de Pablo Morrugares y su escolta, asesinados por un grupo de sujetos armados después de haber realizado una trasmisión en vivo en la página de Facebook de PM Noticias. Morrugares hizo comentarios referentes a la presencia de grupos de la delincuencia organizada y los vínculos existentes entre estos y la policía.
Dos días después del asesinato de Morrugares, también en Iguala, las instalaciones del Diario de Iguala fueron atacadas con armas de fuego. Los hechos ocurrieron a plena luz del día. En ese inmueble se maquilan cuatro periódicos: El diario de Iguala, el diario de Taxco, Redes del sur y Diario de la Tarde de Iguala.
Las organizaciones recordaron a Héctor Astudillo que, durante su gobierno, han sido asesinados 6 periodistas, sumando 16 desde 2005. Hasta la fecha, ninguno de estos hechos se ha esclarecido ni hay ningún responsable condenado.
En 2019, la organización Artículo 19 ubicó a Guerrero como la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en México. Tan solo en los últimos 10 años, Artículo 19 documentó 280 ataques contra la prensa en la entidad. Estas agresiones incluyen amenazas de muerte y desaparición, privación ilegal de la libertad, campañas de desprestigio, desplazamiento interno forzado, intimidación con armas de fuego por parte de policías, allanamientos y robos de equipo, ataques físicos y asesinatos.
“Se necesita la implementación de acciones contundentes que garanticen justicia y la no repetición de crímenes contra la libertad de expresión para garantizar el pleno ejercicio de la labor periodística, la cual es esencial para el fortalecimiento de la democracia.”
Por todo lo anterior, Artículo 19 y Tlachinollan, exigieron al gobernador del estado, que reconozca públicamente la importancia de la labor de la prensa en la entidad, así como el rechazo público a todos los ataques contra periodistas.
Asimismo, que las autoridades locales, Fiscalía General del Estado de Guerrero, Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero; en conjunto con la 3era Unidad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, implementen acciones que reviertan las causas que generan las agresiones así como planes de protección integral para las y los periodistas.
Y solicite la intervención de la Fiscalía General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para atender los contextos de macrocriminalidad contra periodistas.
“Es deber del estado asegurar a las víctimas una reparación del daño integral, toda vez que, por omisión u acción, su gobierno no ha sido contundente en el combate a la impunidad y violencia contra la prensa.”
