Más de 70 organizaciones y colectivos solicitaron al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, que la designación de la próxima persona al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos se realice mediante una convocatoria pública, transparente y con participación ciudadana, tras la salida de Sara Irene Herrerías hacia la Suprema Corte.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 2 de septiembre de 2025.- Organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para exigir que la designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos se lleve a cabo mediante un procedimiento público y participativo.
La petición surge luego de que la Dra. Sara Irene Herrerías Guerra fuera electa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando vacante un cargo considerado clave en la investigación de delitos graves como desaparición forzada, tortura y violaciones a los derechos de periodistas, migrantes, pueblos indígenas y defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones señalaron que la Fiscalía debe garantizar un proceso abierto con base en los artículos 8° de la Constitución y 19 de la Ley de la FGR. Entre sus demandas, destacan la publicación de una convocatoria con requisitos claros, la aplicación de pruebas técnicas en derechos humanos y justicia penal, entrevistas públicas a las y los aspirantes y una metodología de evaluación previamente definida.
En la carta se subraya que la sociedad tiene derecho a participar en la selección, aportando información relevante sobre las candidaturas. Además, recordaron que estándares internacionales, como las directrices de la ONU y pronunciamientos de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecen que el nombramiento de fiscales debe ser independiente, transparente y libre de influencias externas.
Los colectivos firmantes advirtieron que la crisis de impunidad en México es particularmente grave en los delitos bajo competencia de esta Fiscalía. Por ejemplo, el Observatorio contra la Tortura documentó en 2023 más de 4,500 investigaciones por este delito, de las cuales sólo 18 fueron judicializadas. En desaparición forzada, entre 2006 y 2022 se abrieron 1,455 investigaciones, pero únicamente se lograron 22 sentencias condenatorias, lo que refleja una impunidad superior al 98%.
Finalmente, las organizaciones pidieron una reunión con el Fiscal General para dialogar sobre la petición y reiteraron que la designación de la nueva persona titular debe cumplir con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Las más de 70 organizaciones firmantes, entre ellas Fundar, Tlachinollan, Artículo 19, la Red TDT y H.I.J.O.S. México, insistieron en que el futuro de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos no debe decidirse de manera discrecional, sino con plena transparencia y participación social.
