Organizaciones latinoamericanas pidieron que se legisle y se hagan políticas públicas que protejan a aquellas mujeres que alerten o expongan los daños, abusos y faltas graves de corrupción y violaciones a derechos humanos que se produzcan durante y posterior a este período de crisis causado por la pandemia COVID-19.
Las defensoras señalaron que preocupa de manera particular las garantías hacia aquellas mujeres que han participado de manera activa en visibilizar problemáticas relacionadas con defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, acceso a servicios de salud, violación a datos personales, actos de corrupción graves y no graves, libertad de expresión, de prensa y acceso a la información y problemas relacionados con el cuidado y protección del medio ambiente.
Algunas de las situaciones concretas a las que hacen referencia son el desabasto en hospitales públicos y privados, por lo que el personal médico, del cual más del 70 por ciento son mujeres, operan en situaciones de vulnerabilidad frente al COVID ; agresiones a defensoras del territorio, pues los mega proyectos no paran, y en algunos casos se está facilitando su entrada a los territorios; violación a derechos de mujeres y niñas jornaleras; perpetración de más feminicidios y agresiones sexuales; mujeres presas políticas y privadas de la libertad en la región corriendo con gran riesgo de contagio. 8
Las organizaciones firmantes recomendaron cinco líneas de acción que deben de generar los Congresos, Gobiernos Estatales y Municipales a corto plazo: aumentar la participación efectiva de las mujeres en las mesas de toma de decisiones para el combate a la corrupción y violaciones graves a derechos humanos; crear legislaciones para que se reconozca la figura de persona alertadora; garantizar canales seguros de punta a punta; asegurar la protección (y opción de anonimato) a cualquier mujer alertadora y promover la transparencia y rendición de cuentas de todo el proceso de mujeres alertadoras.
