El paro académico indefinido en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco (UPN Ajusco) inició el 28 de octubre de 2025. Los estudiantes exigen la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández, un diálogo real y transparente, y una carta de no represalias de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para garantizar la seguridad y el respeto a la protesta.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2025.- El paro indefinido en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) unidad Ajusco cumplió casi un mes sin que la rectoría dé respuesta a las principales demandas de la comunidad estudiantil. En medio de un conflicto que ya trascendió al ámbito federal, las y los estudiantes entregaron este martes una carta de no represalias dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la que buscan blindar su participación en la movilización ante lo que consideran un ambiente de incertidumbre y posibles sanciones promovidas por autoridades universitarias.
¿Por qué están en paro los estudiantes de la UPN Ajusco?
El movimiento estalló después de que, el 21 de octubre, la rectoría encabezada por Rosa María Torres Hernández ignorara un pliego petitorio que detallaba problemas acumulados durante años: deterioro de infraestructura, fallas constantes en los servicios básicos, ausencia de condiciones de seguridad y falta de acceso a becas y apoyos económicos. La inconformidad derivó en una asamblea general que, el 28 de octubre, declaró un paro de actividades y tomó el edificio de gobierno del campus. Desde entonces, el estudiantado ha reiterado que la destitución de la rectora es una condición irrenunciable para avanzar en el diálogo.
A lo largo de estas semanas, la universidad solo ha emitido una respuesta parcial, el 29 de octubre, en la que prometió atender problemas de agua, limpieza y equipamiento tecnológico, evitando pronunciarse sobre la exigencia central del movimiento. Para el estudiantado, esta postura confirma la “negligencia institucional” que denuncian y ha reforzado su determinación de mantener cerrado el plantel hasta que exista un compromiso público y verificable de atender todas las demandas.
La tensión creció en días recientes ante declaraciones internas y rumores sobre posibles procedimientos disciplinarios contra quienes participan en la protesta. En este contexto, la carta de no represalias difundida por los estudiantes este 24 de noviembre busca establecer garantías básicas. El documento, dirigido al secretario Mario Delgado y al subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, exige que la SEP y la UPN emitan un pronunciamiento oficial en el que aseguren que no habrá sanciones, criminalización ni acciones legales, administrativas o académicas por la participación en el paro. La carta subraya que la movilización se sustenta en derechos constitucionales de libre manifestación y participación en asuntos públicos.
El texto también responde a señalamientos sobre la intervención en espacios universitarios durante el paro. Los estudiantes aclararon que el ingreso al comedor se debió a un foco de riesgo sanitario, ya que encontraron alimentos en estado de descomposición y olores intensos. Según la comunidad, las labores de limpieza y ventilación fueron medidas colectivas para resguardar la salud del estudiantado y no deben usarse como argumento para intentar criminalizar la protesta. La carta también exige el respeto a los espacios comunitarios que surgieron durante la movilización, como la huerta estudiantil, la sala de estudiantes, áreas de descanso, bodegas de trabajo y la cooperativa universitaria, proyectos que consideran parte de la reorganización social generada durante el paro.
La movilización ha encontrado eco fuera del campus. Docentes de la propia UPN han manifestado su respaldo y han suspendido actividades académicas hasta que exista una respuesta integral. Asimismo, planteles de otras zonas de la Ciudad de México, como Azcapotzalco, Norte, Tlalpan y Oriente, han denunciado carencias similares, sumándose simbólicamente al movimiento. La problemática llegó incluso al ámbito federal cuando la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al titular de la SEP revisar el caso y garantizar transparencia en el uso de recursos en la institución.
Mientras la rectoría se mantiene en silencio sobre la exigencia de destitución, el paro continúa y las actividades académicas permanecen suspendidas. La comunidad estudiantil insiste en que cualquier intento de reanudar clases sin atender las demandas solo profundizará la crisis que enfrenta la UPN Ajusco. Para avanzar, señalan, es indispensable que las autoridades reconozcan públicamente la legitimidad del movimiento y garanticen que nadie será perseguido, sancionado o estigmatizado por haber defendido la educación pública.
