A casi un año de la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles durante el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario, la familia del fotoperiodista y su equipo jurídico denunciaron que el proceso penal sigue frenado por una estrategia de amparos, recursos legales y presuntas actuaciones irregulares que han impedido el arranque de la audiencia inicial.}
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 18 de marzo 2026.- A casi un año de la tragedia ocurrida en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario, la familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández y su equipo jurídico denunciaron que la justicia permanece detenida por una estrategia legal que ha impedido hasta ahora el inicio del proceso penal contra quienes consideran responsables.
Durante una conferencia de prensa realizada este martes, la familia y sus representantes sostuvieron que la ausencia de sanciones no se debe a falta de elementos, sino a una serie de amparos, recursos y actuaciones jurídicas que, afirmaron, han sido utilizados para frenar la audiencia inicial y evitar que el caso avance ante un juez.
Diana Laura Rojas Hernández, hermana de Miguel, recordó que el 5 de abril cambió por completo la vida de su familia. Dijo que Miguel “era mucho más que un fotógrafo”, que era su hermano, su compañero y “su lugar seguro”, además de un hijo profundamente amado y una persona entregada a su trabajo. Relató que ese día fue la primera vez que salió a cubrir un festival, entusiasmado por hacer lo que más le apasionaba: fotografiar.
Miguel acudió al evento junto a Berenice, a quien —dijo— consideraba su “sensei”, su amiga y compañera. “Nunca imaginamos que ese día su pasión les costaría la vida a los dos”, expresó. A un año de los hechos, señaló que la familia no sólo ha enfrentado el duelo, sino también el poder económico de empresas que, en lugar de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, han buscado frenar el proceso para evitar que las personas responsables sean llevadas ante un juez.
La familia insistió en que su demanda no se reduce a una compensación económica. Su objetivo, dijeron, es que este caso marque un precedente para que tragedias como la del Parque Bicentenario no vuelvan a repetirse. Diana Laura subrayó que su hermano perdió la vida en un contexto en el que muchas personas trabajan en condiciones precarias y con riesgos que no deberían existir.
“Ir a tomar fotos a un concierto no debería ser una labor heroica”, dijo. Reclamó condiciones dignas y seguras para quienes cubren eventos masivos, pero también para las y los asistentes que acuden a espacios que tendrían que estar diseñados para el disfrute, no para poner en riesgo la vida.
El equipo jurídico de la familia sostuvo que asumió el caso con una lógica de derechos humanos, al considerar que la muerte de Miguel no puede leerse como un hecho aislado, sino como resultado de una cadena de omisiones, negligencias y decisiones empresariales. Señalaron que, desde su perspectiva, la investigación no podía limitarse a quienes ejecutaron tareas operativas, sino que debía escalar hacia quienes tomaron decisiones dentro de la estructura empresarial.
“La justicia debe subir por toda la cadena de mandos”
Guillermo Puñet, integrante del equipo legal y defensor de derechos humanos, afirmó que uno de los principales problemas detectados al revisar la investigación fue que ésta se dirigía sólo a los “últimos eslabones” de la cadena, es decir, a quienes ejecutaban, pero no a quienes ordenaban. Frente a ello, dijo, la estrategia jurídica de la familia fue impulsar una investigación que permitiera identificar a las personas y empresas con capacidad de decisión.
Afirmó que cuando una muerte ocurre como consecuencia de omisiones empresariales, la justicia debe alcanzar a quienes tenían el deber de prever y evitar lo sucedido. También remarcó que el caso debe ser entendido como un asunto de derechos humanos, pues las empresas no sólo buscan ganancias: también están obligadas a respetar la seguridad, la integridad y la vida de quienes participan o trabajan en eventos públicos masivos.
El equipo de la familia sostuvo que Miguel no murió como un asistente, sino ejerciendo el periodismo. En ese sentido, colocaron el caso en el centro de una discusión más amplia sobre las condiciones en que periodistas, fotógrafos, staff y trabajadores culturales realizan coberturas en México, a menudo sin garantías mínimas de seguridad.
Durante la conferencia, la defensa informó que actualmente existen tres empresas con calidad de imputadas y ocho personas físicas señaladas dentro del proceso. Explicaron que entre las empresas se encuentra Operadora Eclectic, identificada como administradora del parque y responsable de elaborar el programa especial de Protección Civil; Agencia de los Socios, señalada como organizadora del festival; y ON Producciones Creativas, señalada como responsable del desarrollo del proyecto creativo del evento.
De acuerdo con la exposición del equipo jurídico, una de las claves del caso es que las grúas colocadas en el festival no estaban incluidas en el programa especial de Protección Civil y, aun así, fueron instaladas. La defensa sostuvo que las empresas involucradas sabían que esas estructuras no estaban permitidas y que incluso tenían advertencias sobre su riesgo, entre ellas que podían desplomarse con el simple viento y que no debían colocarse en exteriores.
Para la familia y su representación legal, esa decisión revela una cadena de omisiones y responsabilidades que no puede ser reducida a un error menor ni a un hecho fortuito.
Uno de los elementos que la defensa subrayó como particularmente indignante fue que, una vez ocurrida la caída de la grúa, el festival continuó. “Nadie paró”, señalaron. Para la familia, esa continuidad mostró una lógica empresarial donde la operación del espectáculo estuvo por encima de la vida de las personas.
La conferencia insistió en que el caso no sólo debe llevar a juicio a operadores, sino también a accionistas, administradores, apoderados legales y personas con capacidad de decisión dentro de las empresas involucradas.
La explicación central sobre por qué aún no hay sanciones se concentró en la ruta judicial seguida por el caso. Según el equipo legal, han contabilizado alrededor de 25 amparos, de los cuales 15 habrían sido promovidos por Operadora Eclectic. De esos 15, afirmaron, 13 tuvieron como objetivo impedir el inicio del proceso penal, que formalmente arranca con la audiencia inicial.
La defensa mostró que esa empresa, identificada como filial de la concesionaria del Parque Bicentenario, ha sostenido de forma reiterada que no tiene responsabilidad penal porque sólo prestó o facilitó el espacio. Sin embargo, los abogados de la familia consideran que esa postura busca minimizar el papel de una empresa que administraba el parque, gestionaba permisos y tramitaba programas especiales de Protección Civil.
En ese marco, señalaron que uno de los principales obstáculos ha sido precisamente la imposibilidad de celebrar la audiencia inicial, la cual ya había sido programada y posteriormente frenada por la interposición de nuevos recursos, amparos y recusaciones.
Otro de los temas expuestos en la conferencia fue la actuación de asesores jurídicos vinculados a la representación de una de las víctimas, cuyas posturas y tiempos de presentación de escritos —según la defensa de Miguel— coinciden con los argumentos de una de las empresas imputadas.
El equipo jurídico sostuvo que detectó escritos similares, presentados en fechas y horarios cercanos, con el mismo objetivo procesal: evitar que se imputara a determinada empresa y frenar la audiencia inicial. También denunciaron que uno de esos asesores sería, al mismo tiempo, servidor público adscrito a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.
Por ello, hicieron un llamado público a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y al titular de dicha dependencia para que expliquen si existe algún interés institucional detrás de la actuación de un funcionario que, según dijeron, ha solicitado que no se impute a una empresa dentro del proceso penal.
Para la representación legal de Miguel, este hecho no sólo es grave por un posible conflicto de interés, sino porque afecta directamente la búsqueda de verdad y justicia para ambas víctimas.
En su exposición, la defensa también trazó una línea sobre la administración del Parque Bicentenario. Recordaron que el espacio fue inaugurado en 2010 y posteriormente concesionado, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a una empresa privada para su explotación por 25 años. Según lo presentado en la conferencia, dicha concesión permitió la realización de eventos masivos y festivales en un espacio público que, subrayaron, había sido financiado con recursos del pueblo mexicano.
Tras el accidente del 5 de abril de 2025, recordaron, la concesión fue retirada. Para la familia y sus asesores, este antecedente refuerza la idea de que la responsabilidad no puede limitarse a una simple falla operativa, sino que debe examinar las condiciones estructurales bajo las cuales se privatizó y explotó comercialmente el parque.
La conferencia también sirvió para anunciar la construcción de una propuesta legislativa: una ley para la protección del trabajo periodístico, inspirada en la memoria de Miguel y en otros casos de periodistas que han perdido la vida mientras realizaban su labor.
Según explicaron, la iniciativa busca establecer seguros obligatorios, protocolos específicos de seguridad para la prensa en eventos masivos y responsabilidades claras para organizadores y empresas respecto de las condiciones de cobertura. La propuesta, dijeron, no busca inventar nuevos derechos, sino cerrar vacíos legales que hoy permiten que las empresas se beneficien económicamente sin asumir plenamente sus obligaciones de cuidado.
Además, adelantaron que trabajan también en propuestas de reforma a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y a la Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, con la intención de reforzar la seguridad tanto de asistentes como de periodistas y trabajadores.
A un año de la tragedia, el mensaje de la familia fue no buscan sólo una indemnización, sino una reparación integral que incluya medidas de no repetición, verdad, sanción a los responsables y cambios estructurales en la industria del entretenimiento y en la protección de quienes trabajan en ella.
La muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández, sostuvieron, no puede quedar reducida a una cifra ni a un expediente. Lo que está en disputa es si el sistema de justicia permitirá que una tragedia provocada por negligencia empresarial quede atrapada entre recursos legales, influencias y dilaciones, o si finalmente logrará sentar un precedente en un país donde, como ellos mismos señalaron, no existe antecedente de sanción penal contra grandes empresas del entretenimiento por muertes ocurridas en espectáculos públicos masivos.
A casi un año del colapso en el Parque Bicentenario, la exigencia de la familia se mantiene intacta: justicia para Miguel y Berenice, verdad sobre lo ocurrido y garantías para que informar, documentar o trabajar en un festival no vuelva a costar la vida.
