En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2026, expertas de UNESCO, FLIP y Comunicar Igualdad documentaron cómo el retroceso global del 10% en libertad de expresión golpea de forma desproporcionada a mujeres periodistas en América Latina y el Caribe.
Texto por Catherine Rincon / @Somoselmedio
Fotografías por Denisse Ureña / @denisseure_
Ciudad de México, 07 de mayo de 2026.- La mesa “Derechos en plural, libertad de expresión desde las diversidades” del foro regional por la libertad de prensa en América Latina y el Caribe, moderada por Elia Almanza, reveló un panorama grave sobre los riesgos, violencias y obstáculos estructurales que enfrentan periodistas y organizaciones de la sociedad civil al cubrir temas de género y diversidad.
La mesa formó parte de la Conferencia regional Día Mundial de la Libertad de Prensa 2026, titulada “Periodismo frente al silencio: diálogo sobre libertad de prensa en América Latina y el Caribe”, organizada por Article 19 México y con apoyo de la UNESCO y celebrada los días 6 y 7 de mayo en el marco de la conmemoración internacional del 3 de mayo.
Las ponentes documentaron un retroceso global en los derechos adquiridos y una escalada de ataques contra las voces críticas, especialmente las de mujeres y minorías.
La mesa abrió con el comunicado de El Faro, medio salvadoreño que denunció que el gobierno de Nayib Bukele congeló bienes de socios de la publicación entre febrero y abril de 2026.
La intervención afectó dinero en una cuenta bancaria y un inmueble de dos socios de Trípode S.A. de C.V., la sociedad creadora de El Faro. El Ministerio de Hacienda abrió cuatro auditorías contra Trípode y, al no poder sostener la acusación de lavado de dinero, modificó los cargos a evasión fiscal.
El Faro señaló que estos ataques forman parte de una larga cadena de acosos, seguimientos, intervenciones y campañas de desprestigio. El medio acusó al gobierno de Bukele de utilizar el aparato de Estado para perseguir a periodistas y medios que escapan de su propaganda.
Ana Cristina Ruelas, representante de la UNESCO en México, aportó las cifras que enmarcan el deterioro. Según expuso, la libertad de expresión registra un retroceso global del 10%, comparable a períodos de conflicto armado.
Ruelas identificó una intención sistemática de silenciar al 50% de la población mundial: las mujeres y quienes se salen de la narrativa patriarcal. Esa tendencia se traduce en una reducción del 35% en la participación activa de mujeres en el espacio cívico en América Latina desde 2012.
La representante precisó que 7 de cada 10 periodistas dejaron de hablar en los últimos 12 meses, con un aumento del 69% en la autocensura.
Las nuevas formas de silenciamiento incluyen leyes restrictivas, desinformación de género, estigmatización, uso de inteligencia artificial para fabricar falsedades y restricción de la pluralidad en medios, con énfasis particular en temas de género, diversidad y expresiones sexuales.
Ruelas también advirtió que empresas tecnológicas se alinean con posturas heteropatriarcales, filtrando y moderando contenidos relevantes para mujeres y diversidades. “Si aceptamos la denigración del otro, estamos aceptando la demonización de todos”, afirmó.
Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Comunicar para la Igualdad, expuso que algunos medios contratan periodistas con agendas antifeministas —a menudo mujeres— para impulsar líneas editoriales conservadoras.
Al mismo tiempo, los medios feministas o alternativos atraviesan una crisis de financiamiento agravada por el avance de fuerzas antifeministas.
La Investigación de Comunicar para la Igualdad 2024 registró que el 73% de las periodistas del mundo ha recibido violencia digital de género con traspaso a la vida real. En el 50% de los casos de violencia en redacciones, el agresor es un superior jerárquico.
Solo el 28% de las víctimas denuncia. El 41% de quienes lo hacen enfrenta represalias.
Chaher describió “enormes pactos de impunidad” en medios de la región, donde las direcciones protegen a los agresores y los protocolos de atención no se aplican.
Como resultado, la presencia de mujeres en los medios lleva diez años estancada: solo el 27% del personal femenino en redacciones alcanza cargos directivos.
Sofía Jaramillo, directora de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), presentó el contexto colombiano: 469 agresiones contra periodistas documentadas el año pasado.
Jaramillo analizó el caso del presidente Gustavo Petro, quien estigmatizó a un grupo de periodistas como “las muñecas de la mafia” por su cobertura de la protesta social. Las declaraciones desencadenaron una ola de violencia digital contra mujeres periodistas con efectos directos sobre su salud mental y su seguridad.
La directora de FLIP señaló que más mujeres estudian comunicación, pero menos trabajan en medios, lo que apunta a que la violencia institucionalizada opera como mecanismo de expulsión.
Jaramillo abogó por protocolos internos con rutas claras, confidenciales e independientes de investigación, así como atención psicosocial. Alertó también sobre el uso de denuncias por injuria y calumnia como estrategia de judicialización contra periodistas que hacen públicas sus denuncias.
Carolina Amaya, periodista ambiental salvadoreña y fundadora del medio digital Mala Yerba, relató que su proyecto nació del agotamiento de no poder publicar investigaciones sobre vínculos entre poderes políticos y la empresa privada en medios dirigidos por hombres.
Amaya figura entre las diez personas más atacadas digitalmente en El Salvador. Su exilio se vincula a la criminalización de su padre bajo el régimen de excepción, ocurrida después de que ella publicara una investigación sobre la industria inmobiliaria y sus nexos con familiares del presidente Bukele.
Amaya denunció además una práctica documentada en medios aliados: utilizar la experiencia de mujeres periodistas para acceder a fondos de financiamiento y luego prescindir de ellas o quitarles los créditos de su trabajo.
Las intervenciones de la mesa coincidieron en un diagnóstico: ejercer el periodismo como mujer en contextos de violencia, autoritarismo y machismo institucional requiere redes de apoyo sostenidas, mecanismos reales de denuncia sin represalia y una lucha activa contra la impunidad que protege a los agresores dentro y fuera de las redacciones.
