Una sentencia del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar 853 folios de inteligencia militar generados en 2014 sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El fallo reconoce el derecho a la verdad de las familias y señala que la falta de continuidad en los archivos evidencia que la información existe y debe ser entregada.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 4 de marzo de 2026.- A más de once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar documentos militares que durante años han permanecido ocultos.
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió el pasado 19 de febrero de 2026 el juicio de amparo 1350/2023 y ordenó al Ejército mexicano entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI) con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia.
La resolución judicial identifica una brecha aproximada de 853 folios de documentos producidos por el CFRI que no han sido entregados a las autoridades ni a las familias de los estudiantes desaparecidos.
Según la sentencia, la discontinuidad en la numeración de los archivos militares no demuestra que dichos documentos no existan; por el contrario, constituye un indicio de que la información se encuentra en poder de las autoridades castrenses y debe ser entregada para garantizar el acceso a la verdad.
El fallo deriva de la demanda de amparo presentada en agosto de 2023 por las madres y padres de los estudiantes desaparecidos.
Las familias reclamaron la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, pese a que el Decreto Presidencial de 2018 obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
De acuerdo con el recurso legal, diversas instancias de inteligencia militar habrían ocultado documentos cuya existencia fue revelada previamente en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Ese informe documentó que los expertos tuvieron acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas en 2014 por el CFRI que daban seguimiento a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, pero los archivos proporcionados estaban incompletos.
La ausencia de folios evidenció entonces la existencia de documentación faltante que podría contener información clave para reconstruir el contexto criminal en el que ocurrió la desaparición de los normalistas.
La resolución judicial reconoce explícitamente el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad mexicana, y establece que las autoridades militares tienen la obligación de entregar toda la información relacionada con el caso.
El juzgado determinó además que los documentos no pueden clasificarse como información confidencial o reservada, debido al interés público y al carácter de graves violaciones a los derechos humanos que implica la desaparición de los estudiantes.
Este criterio coincide con estándares internacionales en materia de derechos humanos, que establecen que los archivos estatales relacionados con desapariciones forzadas deben ser accesibles para garantizar la búsqueda de las víctimas y la rendición de cuentas.
Las familias de los normalistas acudieron al amparo tras señalar que el mecanismo gubernamental encargado de esclarecer el caso —la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ)— dejó de funcionar como un espacio efectivo para superar los obstáculos en la investigación.
El estancamiento del caso también fue señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advirtió que los avances se habían ralentizado debido a la falta de entrega de información por parte de la SEDENA.
La CIDH sostuvo que el litigio judicial pudo haberse evitado si las autoridades militares hubieran colaborado de buena fe entregando los documentos solicitados.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, continúa siendo uno de los casos emblemáticos de desaparición forzada en México.
Durante más de una década, las madres y padres han tenido que impulsar investigaciones, litigios y acciones internacionales para exigir el acceso a archivos militares, considerados fundamentales para reconstruir lo ocurrido.
La sentencia del Poder Judicial representa un nuevo intento por romper el cerco de opacidad que ha rodeado a los archivos castrenses.
Sin embargo, para las familias la entrega de los documentos es apenas un paso más en la búsqueda de la verdad: conocer el paradero de sus hijos y garantizar justicia frente a uno de los crímenes más graves en la historia reciente del país.
