Por Luis Ram / @antiperiodismo y Angélica Díaz / @la_elizabethdiaz
A un año de la desaparición de Leonel Báez, Jesús Reyes y Ángel Ramírez, trabajadores de Sanborns Lindavista, sus familias exigieron justicia frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.
Leonel, Jesús y Ángel desaparecieron el 29 de noviembre del año pasado. La familia de Jesús (30 años) lo recuerda como un chico trabajador dedicado al gimnasio y al cristianismo. Su madre cuenta que por las mañana le preparaba sus licuados; y que constantemente estaba organizándose en su iglesia para ayudar a diversas causas y personas en situaciones vulnerables.
A Leonel (35 años) lo recuerdan sus sobrinos, sus padres, su esposa, y primos como un tío amoroso del que todavía esperan su llegada. Ángel (20 años) quería estudiar veterinaria en el Instituto Politécnico Nacional, al ser rechazado empezó a trabajar en Sanborns Lindavista; lo espera de regreso su padre.
Los tres fueron vistos por última vez al salir de su trabajo en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las familias denunciaron que la empresa Sanborns nunca se hizo responsable, aunque varias veces les han exigido los video de seguridad de ese día.
En la manifestación también estuvieron presentes la familia de Viviana Elizabeth Garrido de 32 años quien desapareció el 30 de noviembre de 2018, un año antes que Jesús, Leonel y Ángel. Ella trabajaba en un laboratorio como ingeniera bioquímica cerca de la estación de metro Ermita.
Las familias denunciaron que con la pandemia la situación ha empeorado para los familiares de desaparecidos ya que el gobierno les exige muchos más requisitos para poder realizar búsquedas.
Es por esto que en lo que va de 2020 solo les han permitido realizar dos búsquedas; una en el cerro del Ajusco dónde se encontraron restos humanos, y otra en la sierra de Guadalupe hace dos semanas. Esta última cerca de la zona donde desapareció Leonel, Jesús y Ángel. A pesar de todo el esfuerzo de las familias la búsqueda fue inconclusa ya que no pudieron recorrer toda la zona por lo que las familias esperan a que les permitan regresar a terminar la búsqueda en esa zona.
Gracias a la presión ejercida por las familias, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lanzó hace un mes la oferta de 1.5 millones de pesos de recompensa por cualquier información que sirva pueda dar con el paradero de los jóvenes, 500 mil pesos por cada uno de ellos.
