Por Juan Yves Palomar / @juanyvespalomar
Ser joven en Jalisco (y en México) hoy en día es sinónimo de estar en peligro de muerte todos los días. Durante el último sexenio de Alfaro las desapariciones de jóvenes han aumentado de manera dramática. Desde el caso de los estudiantes de cine del CAAV, todavía durante el ultimo gobierno del PRI, la situación no ha hecho mas que empeorar durante el gobierno de MC, con acontecimientos como el asesinato extrajudicial de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos, la represión de estudiantes el 4, 5 y 6 de Junio de 2020 hasta llegar hace unos días al caso de los jóvenes del call center de Zapopan y la descalificación a las manifestaciones que exigían su busqueda.
A la par de los jóvenes de Zapopan, se sumó el caso de Sandra Analí Ramirez de la colonia de Jocotán y ante el impacto y escándalo que ha significado en medios la crisis durante los últimos días, ha vuelto a resurgir entre algunos sectores de la sociedad la solidaridad hacia las familias, las víctimas y sus amigos, todo esto frente a la peor ola de violencia y desapariciones que se tenga registro en la historia de Jalisco.
Hoy Jalisco es el estado más violento de México, eso nadie que le importe el rigor y la seriedad de los hechos lo pone en duda. La noticia del hallazgo de restos humanos con características propias de los jóvenes de Zapopan en una zona de la barranca dejó helados a todos los habitantes de Guadalajara. Hoy 19 de junio de 2023 que se redacto estas líneas, el periodico Mural titula en una de sus notas «Desaparecen personas luego de que recibieron oferta de empleo” y apunta que por lo regular son jóvenes en búsqueda de trabajo las víctimas de este tipo de desapariciones.
¿Qué promesa de país y que promesa de Jalisco le podemos hacer a los jóvenes que crecen hoy en nuestra tierra si al llegar a la mayoría de edad el salir a buscar trabajo les puede significar acabar en trabajos forzados o peor en una fosa? ¿Qué expectativas de participación política de la juventud hay en un estado en donde se amenaza de muerte a líderes opositores, a académicos y académicas, y se acosa judicialmente a los principales liderazgos estudiantiles? ¿De qué forma podemos conjurar el fantasma del autoritarismo si vemos cómo el gobierno monta un perímetro con antimotines para cercar a vecinos pacíficos afuera de sus propias casas solo por defender el parque San Rafael?
Al mismo tiempo que ocurrían las protestas en el parque San Rafael y las protestas por las desapariciones en Zapopan, una centena de estudiantes de la Universidad de Guadalajara declaró el paro en Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la normal (CUCSH) pronunciandose en contra de la mudanza del centro de estudios a la periferia de la ciudad bajo la consigna del movimiento #CUCSHNoSeMueve. En palabras de los estudiantes inconformes “hemos resistido amenazas, resistido amedrentamientos, resistido criminalización (…) y resistido a la impunidad” esto después de 22 días de toma de los edificios mientras denuncian cómo las autoridades universitarios les exigen no cubrirse la cara como condición previa al diálogo llamándolos “encapuchados”, esto después de que grupos porriles les hostigaron y amenazaron con un desalojo violento.
¿No sería mejor idea cuestionarse cómo llegamos al punto de que los jóvenes tengan que tapar su cara para sentirse más seguros a la hora de reivindicar sus derechos estudiantiles y políticos en lugar de tratar de desprestigiar su causa? Una primera pista que explica la preocupación por cuidar su identidad, como ellos lo señalan, es la herencia de represión política que existe históricamente al interior de la Universidad de Guadalajara y la segunda evidentemente es la peor ola de violencia de la historia que estamos viviendo actualmente en Jalisco que impacta principalmente a los jóvenes. ¿Tan difícil es comprenderlo?
Las cosas no mejoran cuando pensamos por lo que sucede en el contexto rural ya que Jalisco ocupa el 4to lugar nacional en ataques a defensores ambientales. La comunidad Wirrarika de San Andres Cohamiata aun lamenta los arteros asesinatos del joven de 17 años, Estanislao González Carrillo y de su abuelo Rosendo González Torres quien era marakame de la comunidad del municipio de Mezquitic en la zona de la Sierra Norte de Jalisco. Periodistas, académicos y hasta importantes jerarcas religiosos han denunciado lo peligroso que puede ser el simple hecho de realizar un viaje de las montañas a la ciudad o viceversa.
Así mientras escribo alterno la revisión de mis notas con una conversación con un defensor de derechos humanos que conozco desde hace años. Me cuenta cómo vive fuera de México desde hace meses después de ser amenazado de muerte. Esa es la realidad de la juventud mexicana actualmente, entre la protesta, la represión, la desaparición o el exilio. Todo esto tan solo unos días después de que el gobierno de Jalisco ordenara retirar el monumento que denunciaba la represión del Estado en junio de 2020.
Con este panorama a cuestas, yo como los estudiantes universitarios indignados, las familias de los desaparecidos o los vecinos del parque san rafael, soy de los que me resisto a rendirme a pesar de todas las dificultades. Porque exigir la búsqueda en vida, defender los parques públicos y la educación es sinónimo de defender la paz. Porque sin memoria no hay futuro y sin libertad no hay democracia
