El Frente Anáhuac marchó este miércoles al Zócalo para exigir que se reponga el proceso: solo 10 de más de 140 poblaciones originarias fueron “consultadas”, y los documentos habrían sido llenados por funcionarios ajenos a las comunidades de los Pueblos.
Texto y fotografías: Jorge Yeicatl/ @desconocido_tour
Ciudad de México, 8 de abril de 2026.- Habitantes de Xoco, Tlaltenco, Tlacopac, Tláhuac y Atlapulco marcharon este miércoles hacia el Zócalo capitalino para denunciar que el Plan General de Desarrollo (PGD) que la jefa de Gobierno Clara Brugada planea ejecutar el próximo 10 de abril fue diseñado sin una consulta real a los pueblos y barrios originarios de la ciudad de México.
La movilización, encabezada por el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios del Anáhuac (Frente Anáhuac), partió a las 10:50 horas de las afueras del Metro San Antonio Abad, avanzó por Calzada de Tlalpan y llegó a la Plaza de la Constitución bajo la consigna “los pueblos viven, la lucha sigue sigue”.
El agravio central que documentaron es numérico y contundente: de las más de 140 poblaciones originarias reconocidas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en las 16 alcaldías, solo 10 participaron en el proceso que el gobierno capitalino llama consulta. Los asistentes además denunciaron que los documentos de ese proceso habrían sido llenados por funcionarios que no pertenecen a las comunidades, poniendo en duda la legalidad de lo que ya se registra como consulta cumplida.
El testimonio de Alejandro, integrante del Frente Anáhuac, expuso la dimensión territorial del conflicto. El PGD, explicó, contempla incentivar actividades económicas en alcaldías donde hay asentamientos originarios —Tláhuac, el sur y el centro de la ciudad— bajo un modelo que históricamente ha derivado en desarrollo inmobiliario, plazas comerciales e instalación de industrias. “Estos proyectos comúnmente impulsan el crecimiento inmobiliario, la creación de plazas comerciales y la instalación de industrias en los pueblos y barrios originarios, lo que puede aumentar los costos de los servicios y provocar procesos de desplazamiento”, señaló.
Los pobladores también cuestionaron las declaraciones del funcionario Alejandro Luévano, quien ha insistido en que el PGD “es solo un borrador” y que el documento final puede ser distinto. Ante eso, el pronunciamiento leído en el Zócalo formuló la pregunta que el gobierno no ha respondido: ¿en qué momento se compartirá ese documento final con los pueblos y barrios originarios para que lo aprueben?
En la Plaza de la Constitución, los representantes leyeron un pronunciamiento con demandas concretas. Exigieron que no se tenga por iniciada la consulta en los pueblos donde no se firmaron los protocolos correspondientes, y que se repongan los procesos donde se acrediten violaciones al derecho a la consulta. Pidieron que se transparente toda la información sobre las poblaciones que supuestamente concluyeron su proceso, que se amplíe el plazo para quienes han sido excluidos por falta de información, y que se modifique la convocatoria de consulta indígena para garantizar que los aportes comunitarios queden incorporados. Finalmente, demandaron rehacer desde cero el capítulo del PGD correspondiente a pueblos y barrios originarios.
Al término de la lectura, entregaron sus documentos a las autoridades presentes. Como precedente inmediato de lo que temen, los manifestantes señalaron el caso del proyecto Mitikah en Xoco: un megaproyecto que lleva años operando con impactos directos sobre el abasto de agua y que ha acelerado el desplazamiento de sus habitantes. Si el PGD se ejecuta sin consulta real, advierten, ese modelo se replicará en el resto de la ciudad.
