Grupos de choque financiados desde el poder, tolerados por las autoridades universitarias y protegidos por décadas de impunidad.
Por Redacción / @Somoselmedio
Un porro es un integrante de los grupos de choque que operan dentro de escuelas y universidades públicas de México para intimidar, agredir y desarticular movimientos estudiantiles. No son estudiantes organizados ni activistas: son personas contratadas o toleradas por autoridades educativas y políticas, que reciben pago o beneficios a cambio de ejercer violencia contra la comunidad estudiantil, y que históricamente han operado con impunidad.
El término se ha usado también como arma política. Calificar de “porro” a un activista estudiantil con el que se tienen diferencias es una distorsión que borra la naturaleza real del porrismo: la violencia pagada desde el poder contra quienes protestan.
De dónde vienen los porros
Aunque existen antecedentes previos, el porrismo se consolidó como política de Estado después del movimiento estudiantil de 1968. Tras la matanza de Tlatelolco, el gobierno impulsó la creación y el fortalecimiento de grupos represivos dentro de las instituciones de educación superior con un objetivo explícito: impedir que volviera a surgir un movimiento estudiantil de esa magnitud.
La estrategia fue distinta a la represión abierta. En lugar de enviar al Ejército, el poder colocó dentro de las escuelas a grupos que podían golpear, robar, amenazar y hasta matar sin que el Estado apareciera formalmente como responsable. La violencia quedaba registrada como conflicto entre estudiantes.
En el Instituto Politécnico Nacional, la Federación de Estudiantes Politécnicos (FEP) fue durante años la principal organización porril. No solo era tolerada: tenía locales asignados dentro de las escuelas y era reconocida por las autoridades del Instituto. Más tarde surgió la Organización de Estudiantes Técnicos (ODET) para disputarle ese territorio.
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Cómo se financian
El elemento que define al porrismo no es la violencia en sí, sino su financiamiento institucional.
Los porros eran incorporados a nóminas de dependencias de gobierno. Recibían un pago por sus actividades represivas. En un testimonio recogido por Somoselmedio, estudiantes de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN capturaron durante un paro a un porro infiltrado en una asamblea, tomando notas de las intervenciones. Al ser interrogado, declaró que él y otros estaban en la nómina de la Delegación Gustavo A. Madero y dio nombres de políticos priistas que los dirigían y patrocinaban.
A eso se sumaban los locales dentro de las escuelas, entregados por las propias autoridades, y la impunidad garantizada. Un porro que asesinó a un estudiante en la Vocacional 10 del IPN desapareció dos meses y regresó a operar sin consecuencia alguna.
Cómo operan
El repertorio del porrismo ha sido consistente durante décadas:
Ataques coordinados. Grupos de una escuela se trasladaban en camiones tomados hacia otro plantel, golpeaban, robaban y destruían instalaciones, y se retiraban con la misma rapidez con que habían llegado.
Uso de armas. Armas blancas, palos, y también armas de fuego. En la Vocacional 10 un estudiante fue asesinado desde un automóvil que disparó contra el plantel a media mañana. En Zacatenco, un porro entró a una biblioteca, disparó contra un estudiante que leía y salió caminando.
Infiltración. Presencia en asambleas para identificar liderazgos y reportar lo discutido.
Ruptura de paros. Cuando los estudiantes tomaban las escuelas, los porros eran el instrumento para desalojarlas por la fuerza.
Control territorial. Cobro de cuotas, robos y extorsión dentro de los planteles, sostenidos por la certeza de que nadie los denunciaría con éxito.
Por qué la impunidad es la clave
Un asesinato dentro de una escuela pública debería producir una investigación. En el caso del porrismo, no ocurría. Los agresores volvían a los pasillos, a veces en semanas.
La impunidad no era una falla del sistema: era su condición de funcionamiento. Un grupo de choque solo sirve si quienes lo integran saben que no serán castigados. Esa garantía la daban las autoridades universitarias que les asignaban espacios, y las autoridades judiciales que no investigaban.
Hubo un agravante. Estudiantes heridos en enfrentamientos evitaban los hospitales públicos porque existía el riesgo de que los porros u órganos represivos como la Brigada Blanca —la fuerza paramilitar que operó durante la Guerra Sucia— llegaran a rematarlos o a desaparecerlos.
La resistencia estudiantil
Frente al porrismo se organizaron respuestas. Después de 1968 surgieron los Comités de Lucha, que encabezaron la oposición al porrismo en el Politécnico. Hubo asambleas masivas: en Zacatenco, el auditorio conocido como “el Queso” resultó insuficiente para albergar a los miles de estudiantes que se reunieron durante días para exigir la salida de los porros.
Cuando las gestiones no avanzaban y se hacía evidente el encubrimiento de las autoridades, los estudiantes pasaron a la acción directa: tomaron los locales entregados a los porros y los desmantelaron. Pero el patrón se repetía. Pasado un tiempo, los porros regresaban.
Esa continuidad es lo que distingue al porrismo de un episodio de violencia aislada. Ha sobrevivido a cambios de gobierno, incluidos aquellos que se presentaron como ruptura con el régimen anterior.
Porrismo y activismo no son lo mismo
La confusión entre porros y activistas estudiantiles ocurre por ignorancia o por cálculo político. Un activista puede equivocarse, tener posiciones con las que se disienta, incluso participar en acciones que otros consideren excesivas. Nada de eso lo convierte en un agresor a sueldo.
Aplicar la etiqueta de “porro” a quien protesta cumple una función: deslegitima la protesta y, de paso, borra a las generaciones de estudiantes que enfrentaron al porrismo real y pagaron por ello con golpes, heridas, expulsiones y vidas.
