Especialistas de UNICEF, REDIM y Cultivando Género advierten que prohibir el acceso a redes sociales no basta para proteger a niñas, niños y adolescentes de las violencias digitales, mientras el gobierno federal se prepara para abrir un debate nacional sobre su regulación.
Por Mariana Mastache-Maldonado / @deerenoir
Ciudad de México, 17 de julio de 2026.- Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, una vez concluido el Mundial de Futbol el próximo 19 de julio, su gobierno abrirá un proceso de discusión sobre el impacto de las plataformas digitales y las redes sociales en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La mandataria enfatizó que el debate “no tiene que ver con la censura”, sino con informar, generar evidencia y construir una regulación adecuada. Adelantó, además, que la discusión incluirá el desarrollo de la inteligencia artificial, quién la controla y cómo debería regularse. Entre las medidas que ya ha planteado se encuentra restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas.
La iniciativa se suma a la estrategia nacional de salud mental para jóvenes ABC de las emociones, presentada meses antes por el gobierno federal, que coloca a las escuelas como uno de los principales espacios de intervención.
Durante el conversatorio “Entre clicks y juegos: en búsqueda del bienestar digital de las infancias”, organizado en la UNAM y recogido en el boletín UNAM-DGCS-400, José Antonio Ruiz Hernández, Oficial Nacional de Protección a la Infancia de UNICEF México, explicó que, de acuerdo con la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI, 2.9 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años reportaron haber sufrido ciberacoso durante los últimos doce meses; más de medio millón recibió proposiciones sexuales y una cifra similar estuvo expuesta a contenido sexual. Además, cerca de 100 mil reconocieron la difusión no consentida de contenido íntimo y aproximadamente 300 mil fueron víctimas de extorsión sexual.
¿Prohibir funciona?
Sin embargo, en ese mismo conversatorio, especialistas advirtieron que la respuesta más inmediata —prohibir o restringir el acceso— también plantea desafíos.
Ruiz Hernández señaló que algunos países, como Reino Unido, han avanzado hacia restringir el acceso a redes sociales para menores de 16 años —la ley que lo habilita fue sancionada en abril de 2026, aunque su entrada en vigor está prevista hasta 2027—. No obstante, advirtió que en UNICEF preocupa que esa sea la única ruta del debate, sobre todo porque todavía no existe evidencia sólida de que, por sí sola, reduzca de manera efectiva los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
Un estudio de la Universidad de Newcastle, publicado en junio de 2026 por The BMJ con base en una encuesta a 408 adolescentes de Nueva Gales del Sur, sobre la ley australiana que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años, encontró poca evidencia de que la restricción haya reducido de forma inmediata el uso de estas plataformas entre ese grupo de edad. Los investigadores documentaron que muchos adolescentes continúan accediendo mediante cuentas registradas a nombre de personas mayores de edad, perfiles falsos o navegadores privados, lo que pone en duda la eficacia de las prohibiciones absolutas frente a la creciente alfabetización digital de niñas, niños y adolescentes.
Durante el conversatorio también participó Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), quien señaló que el mundo adulto suele responder con prohibiciones frente a aquello que desconoce o le genera temor, mientras que la perspectiva de infancias y adolescentes (quienes crecieron en entornos digitales) rara vez se incorpora en las decisiones sobre las tecnologías que utilizan cotidianamente.
En el mismo sentido, Angélica Contreras, integrante de la asociación Cultivando Género, advirtió que cuando aumenta la violencia digital la responsabilidad suele recaer casi exclusivamente en las familias por no cuidar a sus hijas e hijos, mientras que las decisiones regulatorias continúan siendo tomadas por personas adultas sin consultar a las propias infancias.
Las especialistas coincidieron en que el desafío consiste, más allá de las posibles prohibiciones, en construir políticas públicas que protejan a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital sin excluir su voz ni desconocer sus derechos.
