A un año del desalojo en Rectoría General, las asambleas estudiantiles denuncian que las personas señaladas siguen en sus puestos y sin sanción.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Guadalajara, Jalisco, 10 de septiembre de 2026.– Integrantes de las asambleas estudiantiles de la Universidad de Guadalajara (UdeG) cerraron la tarde de este jueves el cruce de avenida Vallarta y Enrique Díaz de León, frente a la Rectoría General. Lo hicieron luego de que ninguna autoridad de primer nivel aceptó recibir el pliego petitorio con el que exigen castigo para las personas que señalan como responsables de la represión estudiantil en la UdeG del 10, 11 y 12 de septiembre de 2025.
La concentración, convocada por la Asamblea Estudiantil Interuniversitaria a las 14:45 horas, se realizó en el mismo edificio donde hace un año trabajadores universitarios sacaron por la fuerza a estudiantes que mantenían un plantón en la recepción. Tras la lectura de un discurso-pliego dirigido “a toda la red universitaria, a la ciudadanía”, las y los estudiantes intentaron entregar el documento. Salió a recibirlo personal universitario de menor rango. Las asambleas se negaron a entregárselo y exigieron que sea la rectora general, Karla Alejandrina Planter Pérez, quien reciba directamente sus demandas.
Ante la negativa de las autoridades, las y los estudiantes pegaron en Rectoría notas que documentan los abusos y agresiones del año pasado, y después bloquearon la circulación en el cruce. “Qué feo, qué feo, qué feo debe ser, golpear estudiantes para poder comer”, corearon frente al edificio.
“La universidad que se jacta de su ‘cultura de la paz’, que busca el ‘diálogo’ y que ‘escucha a los estudiantes’ muestra su verdadera cara violenta, que golpea, encubre agresores y criminaliza la protesta”, señalaron en el discurso-pliego.
Un año de la represión estudiantil en la UdeG
El 10 de septiembre de 2025, estudiantes de distintos centros universitarios llegaron a Rectoría General para frenar la elección del Consejo General Universitario (CGU), máximo órgano de gobierno de la institución, y pedir diálogo con la rectora general o con el Secretario General. Según el recuento que leyeron este jueves, tras horas de protesta consiguieron una mesa de trabajo de más de dos horas con el secretario general, César Antonio Barba Delgadillo, quien rechazó cancelar el proceso electoral. Las y los estudiantes acordaron entonces instalar un plantón indefinido en la recepción del edificio.
De acuerdo con el documento, esa noche la defensora de los Derechos Universitarios, Erika Loyo Beristáin, les ofreció seguridad con un cuerpo policiaco integrado solo por mujeres, a condición de cerrar las puertas del edificio con las y los estudiantes dentro. Cuando se negaron, un grupo de alrededor de 50 trabajadores universitarios comenzó a sacarlos a golpes. “Maestros golpearon, rasguñaron, tocaron por debajo de la ropa, empujaron y amenazaron a estudiantes menores de edad”, denunciaron.
Uno de los señalados es José Antonio González Orozco. Según las asambleas, después de golpear a un menor de edad fue ascendido a la vicerrectoría adjunta administrativa, con un sueldo superior a 23 mil pesos. “Los porros siguen en sus puestos y sin las sanciones correspondientes”, afirmaron. En noviembre de 2025, los estudiantes identificaron a varios agresores, entre ellos el docente González Orozco, quien hasta entonces no había sido sancionado.
En los días posteriores al desalojo, la administración universitaria sostuvo que se trataba de “encapuchados” y no de estudiantes. José de Jesús Becerra Rodríguez, secretario del sindicato de trabajadores, negó haber ordenado el desalojo y afirmó que los empleados solo intentaban salir del edificio. El pliego entregado hoy exige a la universidad retractarse del desconocimiento de la participación de sus propios estudiantes en el movimiento.
Las agresiones, según las asambleas, continuaron en los días siguientes. El 11 de septiembre, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) entró en paro, y ahí integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) golpearon y atrincheraron a estudiantes.
El 12, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), porros rodearon a la asamblea estudiantil. Las autoridades evacuaron las clínicas odontológicas y la graduación de Psicología por un supuesto riesgo de toma, mientras administrativos e integrantes de la FEU formaron una cadena humana alrededor de la rectoría del centro. Ese mismo día, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), el estudiantado votó irse a paro y las autoridades respondieron soldando las entradas. Rectoría General suspendió después las clases previas a las fiestas patrias, lo que las asambleas describen como un intento de desmovilizar al estudiantado con un puente de cuatro días.
El primer punto del pliego exige castigo para los agresores del 10 y 11 de septiembre, una investigación objetiva realizada junto con organizaciones defensoras de derechos humanos, con transparencia y rendición de cuentas, y el despido inmediato de quienes participaron. El documento dirige esa exigencia a doce personas, a quienes identifica por nombre y cargo.
Entre las autoridades, el pliego señala a la defensora de los Derechos Universitarios, Erika Loyo Beristáin, y al secretario general, César Antonio Barba Delgadillo, las dos figuras institucionales con las que el estudiantado trató antes del desalojo. Del personal administrativo y de mando nombra a Nallely Guadalupe Robles Ortiz, secretaria administrativa del CUCSH; José Alberto Galarza Villaseñor, director de la División de Estudios Políticos y Sociales del CUCSH; Francisco Saúl Pérez Ávila, jefe de la Unidad de Servicio Social del CUCSH; Alan Alvarado Peña, jefe de la Unidad de Servicio Social; José Antonio González Orozco, jefe de la Unidad de Instalaciones Deportivas del Tecnológico de la UdeG, y Héctor David Reyes Lara, jefe de Apoyo Técnico en la Coordinación de Seguridad Universitaria.
El documento señala también a Javier Navarro Villarreal, de la Preparatoria No. 9, y a dos docentes: Juan Carlos Garza Barajas, del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de Guadalajara, la Preparatoria de San José del Valle en Tlajomulco de Zúñiga y el Módulo Haciendas de Santa Fe, y Alejandro Chávez Camarena, del CUCEI. De la Federación Estudiantil Universitaria nombra a Jesús Alberto Ramos Rodríguez, consejero de Orientación Vocacional. La exigencia se extiende “al resto de actores involucrados”.
La segunda exigencia es una declaración pública en la que la universidad condene la violencia de esos tres días y pida disculpa. Las asambleas piden que no se limite a condenar “la violencia abstracta” y que reconozca “el rol que ejerció su personal administrativo y la Federación Estudiantil Universitaria como responsables materiales de la represión”.
La tercera plantea una revisión del personal académico y administrativo en materia de violencia, con protocolos de contratación con perspectiva de derechos humanos y una auditoría participativa que recoja las experiencias del estudiantado. Los resultados de esa auditoría tendrían que ser vinculantes, con sanciones o despidos cuando haya evidencia.
La cuarta exige abrir, dar seguimiento y democratizar los procesos de denuncia por violencia dentro de la universidad. Según el pliego, hay casos “que no son reconocidos, hablados, que no se les da seguimiento o que solo son manejados de manera interna, frecuentemente a favor del agresor”.
Sin sanciones y sin interlocución
La movilización de 2025 nació de una disputa por la representación dentro de la universidad. Las y los estudiantes cuestionaron la elección del CGU porque, afirman, el consejo responde al mismo grupo que controla la institución desde que el fallecido Raúl Padilla López llegó a la rectoría en 1989. También desconocen a la FEU como representación estudiantil. El 22 de septiembre de ese año, estudiantes y profesores marcharon de Rectoría a Palacio de Gobierno, donde una comisión entregó un pliego unitario dirigido a la rectora Planter y al gobernador Pablo Lemus.
Un año después, las asambleas volvieron a la misma puerta, ahora con una lista de nombres. Al cierre de esta nota, la rectora general no había salido a recibir a las y los estudiantes, que mantenían el cierre del cruce de Vallarta y Enrique Díaz de León.
