Ciudad de México, 02 de septiembre de 2019. La Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro Prodh saludaron el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante la lectura de su informe señaló que expertos internacionales dictaminaron que el rescate en Pasta de Conchos es viable y que los trabajos iniciarán pronto.
El 19 de febrero de 2006, la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, sufrió una explosión agravada por las condiciones deplorables de seguridad; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000; sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran.
Las labores de rescate quedaron a cargo de Grupo México, empresa dueña de la mina. El 4 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos y en una decisión sin precedentes en el resto del mundo, la poderosa minera decidió suspender el rescate argumentando que se ponía en riesgo a los rescatistas. Para las familias y sus organizaciones acompañantes, la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.
Desde entonces, las familias han luchado contra la corriente exigiendo el rescate de sus familiares y el esclarecimiento de lo sucedido. A la fecha no existe una investigación activa ni se había demostrado voluntad política para hacer el rescate. Ello obligó a las familias a acudir en 2010 a la CIDH, acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos.
En febrero de 2018 la CIDH declaró admisible el caso concediendo la razón a las familias: señaló que no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores, además de precisar que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso.
El pasado 1 de mayo, el presidente anunció que se haría la recuperación de los restos bajo la supervisión de la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, y se conformó un grupo de expertos internacionales para determinar la mejor forma de realizar los trabajos.
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