Expertas alertan los riesgos que enfrentan los periodistas, medios de comunicación y las audiencias en acceso, publicación y financiación de la información.
Por Yolanda Bahena / X: @wiolandmx
Ciudad de México, 25 de agosto de 2026.- Con motivo de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expertas en comunicación y derechos digitales participaron en el conversatorio “La libertad de expresión frente al discurso de la intolerancia”.
Durante el encuentro hablaron sobre los riesgos que en los últimos años han adquirido nuevas dimensiones y características para el ejercicio de la libertad de expresión en las plataformas digitales.
El conversatorio abordó tres ejes: la capacidad de la ciudadanía para acceder a la información en plataformas digitales; la posibilidad de que periodistas y medios puedan publicar información y opiniones; y el financiamiento de los medios, entendido como uno de los factores necesarios para mantener su credibilidad y construir mayores márgenes de independencia.
La conversación comenzó con las circunstancias actuales relacionadas con el derecho de la población a recibir información, tanto a nivel global como en casos particulares. Al respecto, Carolina Botero, abogada colombiana con más de 20 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos en entornos digitales, señaló que las redes sociales han generado riesgos importantes que afectan especialmente a niñas, niños y adolescentes.
Como ejemplo mencionó el caso de Brasil, donde en septiembre de 2025 se aprobó una legislación para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, que establece, entre otras disposiciones, que las cuentas de usuarios de hasta 16 años estén vinculadas con la cuenta de una persona responsable.
“Los niños, niñas y adolescentes son las audiencias del futuro y la forma cómo las abordemos también será la forma como ellos van a consumir medios y aprender ciudadanía digital en el futuro”, expresó.
Añadió que el problema es que algunas políticas se han centrado en las regulaciones, pero no necesariamente en garantizar quién puede acceder a determinada información. Botero planteó entonces una pregunta: ¿cuál es el contenido que queremos controlar?
“Las medidas de protección no deberían convertirse en filtros sobre lo que en todo caso es información que queremos que reciba todo el mundo. Hay un riesgo importante de sobreprotección, porque si para proteger a niños, niñas y adolescentes terminamos obligando a todo el mundo, por ejemplo, a pasar por los ciclos de identificación de edad, pues estamos generando un riesgo muy grande para toda la población”, puntualizó.
Botero, fundadora y exdirectora de Fundación Karisma, resaltó que la libertad de expresión también protege el acceso a la información, incluida la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes sigan accediendo a contenidos. Por ello, planteó la necesidad de establecer un acceso gradual.
“Es decir, no es lo mismo hablar de acceso a información para un niño o niña de 5 o 6 años, que para un adolescente de 15 o 16. Debería haber un esquema progresivo de acceso, que es difícil cuando la aproximación es un control de edad generalizado”, explicó.
La ganadora en 2024 del premio de la Electronic Frontier Foundation (EFF) por su labor en defensa de los derechos digitales en América Latina también habló del papel de los medios de comunicación frente a este tipo de medidas. Señaló que tendrán que adaptarse y pensar en cómo las nuevas generaciones ingresarán al consumo de información, en un escenario que podría resultar complejo debido a las barreras de entrada.
Por su parte, Martha Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, centró su participación en las agresiones contra la prensa mexicana y en el uso de procesos judiciales como una estrategia para limitar la libertad de expresión.
En 2025, ARTICLE 19 documentó siete asesinatos de periodistas vinculados con su labor informativa y 451 agresiones contra la prensa mexicana. Además, 69 periodistas y medios de comunicación fueron víctimas de acoso judicial mediante procesos electorales, penales, civiles y administrativos.
“Es decir, hubo procesos judiciales iniciados en contra de las personas del gremio a través de la vía penal, de la vía civil, de la vía administrativa, de la vía del derecho electoral, que no tenía un fin legítimo, lo que querían era desgastar a la persona periodista, al medio de comunicación, distraerle para que no pudiera hacer su trabajo. Este acoso judicial es algo que ha ido incrementando en el país y esto fue apenas el año pasado”, advirtió.
También habló sobre la violencia digital contra periodistas, que puede incluir intimidación, campañas de desprestigio y estigmatización. Como ejemplo mencionó la reciente exhibición de nombres de periodistas y comunicadores durante una presentación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, hecho que generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Tudón advirtió además sobre reformas y modificaciones legales que pueden alcanzar los ámbitos digitales y generar nuevas formas de criminalización.
“Existe una tendencia también a la alta de generar leyes, reformas a códigos penales, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel federal, que terminen por criminalizar más la labor periodística, aumentar tipos penales, generar delitos, decir que va a ser delito que cualquier persona difunda desinformación, siendo que el Estado pueda atribuirse la decisión sobre qué va a considerar desinformación o no desinformación”, subrayó.
Tudón es defensora de derechos humanos con experiencia en construcción de políticas públicas y procesos de incidencia relacionados con la verdad, la memoria y la justicia.
Finalmente, el conversatorio cerró con la participación de Burcu Kilic, abogada y coordinadora del Trade Tech and Geopolitics Forum (Foro de Comercio, Tecnología y Geopolítica), una red de especialistas en derechos digitales, comercio digital, transparencia y derechos de autor, de la que forman parte organizaciones como Fundación Karisma de Colombia y ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.
Kilic abordó las posibilidades de financiamiento de los medios y las plataformas digitales mediante iniciativas colectivas, en el contexto de una economía digital donde las grandes plataformas concentran una parte considerable de la publicidad y del acceso a las audiencias.
Señaló que no existe una solución perfecta y que distintos países enfrentan el mismo problema: la desigualdad en las negociaciones entre las grandes plataformas tecnológicas y quienes producen contenidos periodísticos.
“El problema es que es la asimetría de poder entre las plataformas y los medios independientes o los medios de publicación, grandes, medianos y pequeños. Dos empresas, Google y Meta reciben todo el ingreso de las redes sin compartirlo con los publicadores y el periodismo independiente paga el coste porque no reciben el ingreso de las redes. Entonces, los países han estado pensando en soluciones, ¿cómo podemos abordar el poder de negociación? Y, ¿cómo podemos hacer que las plataformas paguen por el contenido que han estado usando?”, cuestionó.
Kilic subrayó que el problema del financiamiento debe ser atendido porque la independencia de los medios también depende de su sostenibilidad económica. Advirtió que el periodismo independiente enfrenta dificultades para sobrevivir dentro de la actual economía digital y planteó que la intervención regulatoria, los acuerdos colectivos y los modelos de licenciamiento pueden formar parte de las posibles soluciones.
“Es muy claro, y lo sigo diciendo, el periodismo independiente no sobrevivirá a la economía digital de hoy. Necesitamos una intervención regulatoria. ¿Qué tipo de intervención? Es una pregunta que México necesita saberlo porque cada sistema legal es diferente”, finalizó.
