A 18 años de la muerte de Miguel Ángel López Rocha, colectivos denuncian más de 3 mil fallecimientos asociados a la contaminación del Río Santiago y advierten que el saneamiento no funcionará si no se regula y sanciona a la industria responsable de las descargas tóxicas.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo Fotografías: Shiebi Aguilar / @ShiebiAl
Guadalajara, Jalisco. 13 de febrero de 2026.- A 18 años de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, quien falleció intoxicado por arsénico tras caer al Río Santiago en el municipio de El Salto, organizaciones comunitarias y ambientales realizaron un balance ciudadano del primer año del Programa Federal de Saneamiento y Restauración de la Cuenca Lerma-Santiago. La fecha, señalaron, no sólo es un ejercicio de memoria, “sino una evidencia de que la crisis ambiental y sanitaria persiste mientras las descargas industriales continúan.”
El acto fue encabezado por Raúl Muñoz, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, quien recordó que el 13 de febrero de 2008 murió Miguel Ángel, de ocho años, tras permanecer varios días en coma por una falla multiorgánica asociada a exposición aguda a arsénico, metal pesado utilizado en procesos industriales. “Antes hablábamos de contaminación como algo abstracto; desde entonces entendimos que era una amenaza directa a la vida”, expresó.
De acuerdo con el registro comunitario elaborado por el Comité, en los últimos 18 años se han documentado 3,388 personas fallecidas en la ribera del Río Santiago y comunidades cercanas. Entre los casos registrados predominan personas con insuficiencia renal crónica terminal y cáncer, además de miles de habitantes con afectaciones dermatológicas, respiratorias y digestivas vinculadas a la exposición constante a contaminantes.
Las organizaciones señalaron que alrededor del 15 por ciento de las víctimas documentadas son niñas y niños, y denunciaron que la cifra real podría ser mayor debido al subregistro, particularmente en casos de abortos espontáneos y enfermedades oncológicas infantiles.
Los colectivos insistieron en que desde 2008 existe una recomendación para realizar un estudio epidemiológico integral en la zona del Río Santiago con el fin de identificar riesgos sanitarios y establecer medidas de protección, incluida la posible reubicación de familias. Sin embargo, denunciaron que dicho estudio no se ha concretado en términos científicos y especializados. Subrayaron que sin ese diagnóstico no puede emitirse una declaratoria formal de emergencia ambiental y sanitaria que permita activar recursos federales extraordinarios destinados a atender desastres y crisis de salud pública.
Durante la conferencia, María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, presentó el balance del programa federal. Reconoció que existe una asignación presupuestal histórica para el saneamiento de la cuenca, con recursos federales ejercidos en 2025 y montos previstos para los próximos años, además de partidas anunciadas por el gobierno estatal. El programa forma parte del Plan Nacional Hídrico y representa, en términos financieros, un esfuerzo inédito frente al rezago acumulado durante décadas.
No obstante, las organizaciones advirtieron que el enfoque predominante sigue siendo hidráulico, centrado en la construcción de plantas de tratamiento y colectores, sin que exista evidencia de una estrategia robusta de inspección, sanción y reconversión obligatoria de las industrias responsables de las descargas contaminantes.
Señalaron que el diálogo con el sector industrial ha sido planteado bajo esquemas de cumplimiento voluntario y que no se ha transparentado cuántas empresas han sido efectivamente sancionadas o reconvertidas en el corredor industrial de El Salto.
El balance ciudadano subrayó que la restauración del Río Santiago no puede lograrse si no se intervienen las causas estructurales de la contaminación. Recordaron que la cuenca abarca nueve estados y cientos de municipios, lo que exige una gobernanza interinstitucional con facultades vinculantes y metas ambientales cuantificables. También cuestionaron la contradicción entre anunciar miles de millones de pesos para saneamiento mientras continúan expandiéndose proyectos industriales e inmobiliarios en la región.
En el ámbito de la salud, denunciaron la saturación de servicios de hemodiálisis y quimioterapia en hospitales de la zona y exigieron la ampliación de la atención en el Hospital Comunitario de Ocotlán para reducir el traslado de pacientes a Guadalajara. Señalaron que numerosas familias destinan cantidades significativas de sus ingresos a tratamientos privados mientras el Estado no garantiza una respuesta estructural a la emergencia.
Las organizaciones concluyeron que la recuperación del Río Santiago debe medirse no por el número de obras anunciadas, sino por la reducción efectiva de contaminantes y por la disminución de enfermedades asociadas a la exposición ambiental. A 18 años de la muerte de Miguel Ángel López Rocha, reiteraron que la memoria es también una forma de exigencia política y que el saneamiento sólo será real si implica regulación industrial estricta, transparencia, monitoreo público y una política de salud ambiental integral.
