Por Max González Reyes
Todos sabemos que la aplicación de la justicia en nuestro país es sectaria y que está sujeta a quien tiene capacidad para comprarla, para corromperla, para pagarla. No se dice, pero todos lo sabemos. Es un secreto que se grita a voces.
Sin embargo, este gobierno actúa de una manera tan descarada que eso que siempre se ha hecho pero que se procura guardar las formas, hoy es muy evidente. El caso concreto es la forma en como se ha manejado dos casos que están sucediendo en estos días.
Por un lado, está el caso de lo sucedido en Chihuahua. A mediados del mes de abril se realizó un operativo en la sierra de ese estado donde se logró el desmantelamiento de un importante narco laboratorio. Ese hecho por sí solo ya sería un gran triunfo en contra del crimen organizado. No obstante, el oficialismo encabezado por Morena ha desplegado toda una campaña en contra de la gobernadora por haber permitido la intervención de cuatro agentes de la CIA en ese operativo. Morena y todo el aparato oficial ha apuntalado sus baterías en contra de la mandataria local, Maru Campos (de extracción panista) a tal grado que la han acusado de traición a la patria por permitir la violación a la soberanía. La acusan de violar la ley al permitir la intromisión de agentes extranjeros sin tener las facultades para ello.
La presión ha sido tal que en el Senado se llevó todo un debate en torno a que comparezca para que explique si tuvo participación en el desmantelamiento. Incluso Morena y sus aliados están buscando entablar un juicio político contra la gobernadora. De igual manera, han convocado a realizar un mitin en la ciudad de Chihuahua bajo el pretexto de “la defensa de la soberanía nacional”.
De igual modo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha informado que mantiene abierta una investigación en torno a la presencia de agentes de la CIA en el operativo. De hecho, ya ha llamado a declarar a cuando menos 50 funcionarios de Chihuahua para conocer más del caso.
Como se puede observar, para la FGR y para Morena es una prioridad que se esclarezca la participación de Campos en el operativo. Sin embargo, esa urgencia contrasta con la relajación (por decir lo menos) con la que la misma FGR ha tomado el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (de extracción morenista), y otros ocho funcionarios de ese estado, por su presunta colaboración con el cártel de Sinaloa para mover drogas, proteger operaciones, así como recibir sobornos.
Para la FGR y Morena el caso Rocha y sus aliados no existen las pruebas suficientes para investigarlos y sobre todo para extraditarlos a Estados Unidos. En este caso, la Fiscalía ha solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pida las “pruebas contundentes” al Departamento de Justicia de Estados Unidos para la extradición. Desde luego, no ha cumplido la solicitud de detención provisional de los acusados.
Formalmente, la FGR no tiene conocimiento del paradero de Rocha Moya; sin embargo, algunos reportes señalan que en días pasados un helicóptero de las Fuerzas Armadas lo habrían trasladado desde el Palacio de Gobierno de Sinaloa junto con dos de sus hijos. Se ha mencionado que el gobernador con licencia se encontraba dentro del Palacio de Gobierno de la entidad, bajo vigilancia aérea permanente.
Hay que tener presente que la relación de Rocha Moya con integrantes del crimen organizado no es nueva. Se ha documentado que desde 2021, en la campaña por la gubernatura, hubo apoyo de estos grupos al entonces candidato que a la postre resultó vencedor. Si a ello le sumamos que la magistrada que le dio el triunfo, Aida Insunza, es hermana del senador de Morena Enrique Insunza, quien también es una de los acusados por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico, se puede comprender hasta dónde está metido el crimen organizado en la entidad. Y tampoco se debe olvidar que, en julio de 2024, El Mayo Zambada fue secuestrado por los hijos de El Chapo Guzmán y llevado con mentiras a Estados Unidos, en un asunto en el que también estuvo involucrado el gobernador Rocha, tema del que la FGR no ha concluido nada.
La forma en cómo la fiscalía ha manejado los dos casos refleja claramente la forma de aplicar la justicia en este país. A la gobernadora de Chihuahua, por ser de otro partido, la acusan de violadora de la soberanía y hasta la quieren desaforar por permitir la entrada de agentes de la CIA en territorio nacional; mientras que al de Sinaloa, Rocha Moya, lo protegen, lo cuidan, le ponen helicóptero, hacen como que no saben dónde está, y argumentan que no hay pruebas suficientes para detenerlo. En fin, la justicia sectaria.
En medio de estos dos casos, está la presión del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que desde que Donald Trump tomó la presidencia de Estados Unidos para un segundo mandato, sus declaraciones han alterado las relaciones bilaterales. Cada que Trump habla, en Palacio Nacional se ponen a temblar. Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum buscan apaciguar la ira del magnate norteamericano.
Hoy sufrimos las consecuencias del fracaso ante el combate al narcotráfico y una frontera que por años ha sido porosa respecto al flujo de sustancias ilegales. Eso ha llevado al presidente Trump a amenazar al gobierno mexicano diciendo “si no van hacer el trabajo lo haremos nosotros”. La presión externa le puede costar muy caro a Morena. En vísperas electorales, esto le puede significar mucho al partido en el poder. Si fuera un hecho aislado se podría controlar, pero al ser varios frentes la situación se le sale de las manos.
