El máximo tribunal analizará si la abeja melipona puede ser reconocida como sujeto de derecho, en un litigio que las comunidades mayas de Hopelchén sostienen desde hace más de una década.
Por Mariana Mastache-Maldonado / maggie.ml (IG)
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar tres litigios promovidos por comunidades mayas de la península de Yucatán que buscan el reconocimiento de derechos para ecosistemas y especies vinculados a su patrimonio biocultural. Entre ellos está el caso de las abejas, en particular la abeja melipona, que analizará si estos insectos pueden ser reconocidos como sujetos de derecho, figura que permitiría a sus guardianes acudir a tribunales para exigir su protección.
El asunto de las abejas, identificado como el amparo en revisión 790/2025, fue atraído a propuesta del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y del ministro Irving Espinosa Betanzo. El Pleno aprobó la atracción con ocho votos a favor y uno en contra, de la ministra María Estela Ríos González. El acuerdo se dio a conocer el 9 de julio de 2026.
Junto con el caso de las abejas, la Corte atrajo otros dos expedientes de la misma región: el promovido por el colectivo Guardianes de los Cenotes (amparo en revisión 138/2025), que pide reconocer personalidad jurídica a la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, y el litigio iniciado en 2018 por niñas, niños y adolescentes del pueblo maya de Homún (amparo en revisión 195/2025), quienes lograron suspender la operación de la megagranja porcícola PAPO (Producción Alimentaria Porcícola) dentro de esa misma reserva. Los tres casos comparten origen: comunidades mayas de Campeche y Yucatán que documentan, desde hace más de una década, el deterioro de sus territorios por agroquímicos y expansión agroindustrial.
Una lucha de más de diez años
El litigio de las abejas surge de años de denuncias por la muerte masiva de estos polinizadores en Hopelchén, asociada al uso de plaguicidas como el fipronil, el glifosato y distintos neonicotinoides. La apicultora maya Leydy Pech, integrante de la Alianza Maya por las Abejas Kaabnal-oon, ha documentado ese proceso desde 2012, cuando comunidades de la región iniciaron la defensa legal de sus territorios frente al avance de la soya transgénica y los monocultivos. “Sin las abejas es muy difícil que podamos continuar en este planeta”, ha declarado Pech sobre esa lucha.
El caso ante la SCJN no es el primer pronunciamiento judicial sobre el tema. En 2024, una jueza Cuarta de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, resolvió a favor de apicultores de Hopelchén en un amparo presentado el 19 de mayo de 2023, Día Mundial de las Abejas, al reconocer el valor intrínseco de estos insectos y su vínculo con el patrimonio biocultural maya. Esa sentencia se limitó al caso específico de Hopelchén; el asunto que ahora atrae la SCJN podría sentar un criterio con alcance nacional.
La representación legal de las comunidades corre a cargo del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C. y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, quienes sostienen que la apicultura tradicional está vinculada con la alimentación, las prácticas rituales, el conocimiento ecológico y la identidad de los pueblos mayas, por lo que la protección de las abejas implica también preservar ese legado.
Durante la discusión para atraer el caso, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García señaló que reconocer a la abeja melipona como sujeto de derechos podría abrir la puerta a actualizar las normas sobre fumigaciones aéreas con drones o avionetas, además de fortalecer los mecanismos para su protección, incluida su incorporación al catálogo de especies en riesgo. Por su parte, el ministro Espinosa Betanzo planteó que el caso permitirá analizar si las comunidades indígenas pueden actuar como guardianas de la naturaleza y acudir a juicio en su representación, así como revisar el estándar de actuación estatal frente a la crisis ecológica.
Un precedente con implicaciones más amplias
La revisión del caso se inserta en una tendencia jurídica internacional que ha otorgado personalidad jurídica a entidades naturales, ríos, montañas, ecosistemas, con el fin de ampliar su protección legal, como ocurrió con el río Whanganui en Nueva Zelanda y con los derechos de la naturaleza incorporados a la Constitución de Ecuador.
La discusión abre, además, un debate bioético sobre los criterios científicos y jurídicos para extender la categoría de sujeto de derechos a otras especies. Estudios recientes documentan capacidades cognitivas complejas y respuestas compatibles con la percepción del dolor en abejas y otros insectos, mientras distintas corrientes del derecho ambiental sostienen que reconocer personalidad jurídica a la naturaleza fortalecería su protección desde enfoques biocéntricos e indígenas.
La SCJN no ha fijado fecha para la resolución de los tres asuntos atraídos.
