La nueva Suprema Corte tiene la oportunidad histórica de restablecer el presupuesto mínimo para ayuda, asistencia y reparación integral que fue eliminado en 2020. La resolución impactará directamente a miles de víctimas en México.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 18 de noviembre 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este 18 de noviembre un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad que podría restituir el presupuesto mínimo destinado a la ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas, eliminado en la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) realizada en 2020. Organizaciones civiles señalaron que la nueva integración de la Corte tiene en sus manos la posibilidad de corregir un retroceso grave y garantizar la protección efectiva de los derechos de miles de víctimas en México.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, hicieron un llamado urgente a las ministras y ministros para que restablezcan la garantía presupuestaria previamente reconocida en la LGV.
De acuerdo con ambas organizaciones, la reforma eliminó una conquista fundamental del movimiento de víctimas: la disposición que obligaba a que el presupuesto anual no fuera menor al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año anterior. Esta medida permitía asegurar recursos suficientes para cubrir gastos inmediatos, atención médica y psicológica especializada, apoyos esenciales en procesos de búsqueda y compensaciones por daños.
Tras la eliminación de esta garantía en 2020, el Centro Prodh promovió un amparo por considerar que se trataba de una medida regresiva. En marzo de 2024, la Primera Sala de la SCJN resolvió por unanimidad que la supresión del presupuesto mínimo violaba el principio de progresividad y afectaba directamente el derecho humano a la reparación integral.
Conforme a la Constitución, una vez declarada la inconstitucionalidad, se debía otorgar un plazo al Congreso para rectificar la legislación; sin embargo, al no haberse realizado los ajustes necesarios, la Corte está ahora obligada a analizar si la declaratoria debe tener efectos generales.
El impacto de la reforma ha sido significativo. Desde su aprobación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha dejado de recibir en promedio 200 millones de pesos anuales. En el Presupuesto de Egresos de 2025, la partida de “Ayudas Sociales” para la CEAV fue de 658 millones de pesos, aunque se requerían alrededor de 909 millones para cumplir con el mínimo originalmente establecido. Para 2026, el proyecto aprobado contempla 692 millones, cuando deberían destinarse al menos 913 millones de pesos etiquetados exclusivamente para medidas dirigidas a víctimas.
Organizaciones advierten que este déficit presupuestario ha limitado la capacidad del Estado para proporcionar atención adecuada, en un contexto donde la violencia persiste y el número de víctimas continúa en aumento.
En un país donde el Sistema Nacional de Víctimas se ha visto rezagado y sin una política sólida de atención, las organizaciones consideran que es indispensable que la Corte envíe un mensaje contundente a favor de los derechos humanos, restableciendo la garantía presupuestaria y evitando nuevos retrocesos.
Recordaron que los recursos destinados a las víctimas no solo cubren necesidades inmediatas y asistencia especializada, sino también gastos funerarios, traslados, hospedaje, alimentación y la reparación integral del daño, que incluye compensaciones por pérdidas, daño moral y tratamientos médicos.
