El próximo 9 de agosto, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciará sobre un amparo presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), relacionado con la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) implementada en el 2020.
Por Miranda Chavarría / @mirandachavarria
Dicha reforma planea eliminar la obligación de la asignación de un porcentaje mínimo del presupuesto anual a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para cubrir gastos relacionados con las reparaciones integrales de las víctimas de delitos y violentas a los Derechos Humanos.
La reforma de 2020, impulsada por la actual administración, eliminó la primera fracción del artículo 132 de la LGV que anteriormente garantizaba un presupuesto mínimo destinado a la atención y reparación de víctimas prohibiendo además la desviación de estos recursos para otros propósitos.
Con el presupuesto, los familiares de las víctimas, destinan los recursos para gastos funerarios de quienes lamentablemente encuentran a sus familiares en fosas clandestinas, así como para las medidas de atención médica o psicológica para quienes enfrentan las secuelas de la tortura o para quienes enfrentan las secuelas de la tortura, también, para quienes tienen que transitar de Estado en Estado para dar seguimiento a sus investigaciones penales y que precisamente requieren de estos recursos para los gastos de traslados.
En una conferencia de prensa ofrecida el pasado miércoles 2 de agosto de 2023, Melisa Zamora del Centro Prodh, mencionó que, “cuando hablamos de estos recursos hablamos de lo mínimo que tendría que hacer el Estado para dar una respuesta institucional que realmente atendieran las víctimas y que como sabemos ellas todos y los días buscan justicia, verdad y reparación en nuestro país”
Así mismo, Zamora enfatizó que dicho presupuesto tiene que destinarse solamente a las víctimas y no para burocracias institucionales, además, mencionó que en respuesta a la reforma de la CEAV, el Centro Prodh, interpuso un recurso de amparo en 2021, argumentando que esta modificación regresiva, vulneraba el derecho humano a la reparación integral del daño, afectando así, los derechos humanos de miles de víctimas en el país.
A pesar de esta acción, un juzgado de Distrito descartó la afectación y no evaluó el fondo del amparo, pese al impacto y a la importancia del caso, el Centro Prodh apeló la decisión, llevando el asunto a la SCJN, donde el próximo 9 de agosto, se votará por el proyecto de sentencia, propuesto por el Ministro Luis González Alcántara Carrancá.
La propuesta del Ministro, argumenta que la reforma resulta regresiva, ya que despoja a las víctimas de derechos previamente reconocidos por la Ley y vulnera el principio de progresividad. Tales derechos están implementados en el artículo primero de la Constitución.
Como parte de su enfoque protector y garantice, la sentencia propuesta, dispone que las medidas de apoyo y reparación integral, no deben de ser inferiores al 0.014% del gasto programable en el presupuesto de egresos de la Federación del año anterior.
De ser aprobada esta medida, se estima que en 2024, se deba asegurar al menos 834 millones de pesos, representando un incremento del 38% en comparación al presupuesto aprobado en este año y para dicha finalidades.
Por su parte, María Herrera Magdaleno, integrante de la Red de enlaces Nacionales, menciono que “el que desaparezcan a un hijo o a un familiar, no solo acaba con todos nuestros recursos, no nada más económicos, acaba con toda nuestra identidad, porque nos acaban social económica físicamente, y porque no decirlo, también sufrimos discriminación”
Ante la inminente votación, organizaciones y colectivos de víctimas solicitaron a los miembros de la Primera Sala de la SCJN a respaldar el proyecto de sentencia, subrayando la trascendencia de esta decisión para así poder salvaguardar los derechos de miles de víctimas de la violencia en México.
La sentencia que emerja de esta votación no solo tendrá un impacto directo en la protección y reparación de víctimas, sino que también delineará un precedente significativo en la lucha continua por garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos en el país.
