Más de 350 representantes de 47 organizaciones sociales se declararon en asamblea permanente en Santa María Atzompa y exigieron la cancelación del Corredor Interoceánico, justicia para defensores asesinados y el cese de la militarización en Oaxaca.
Por Redacción / @Somoselmedio
Santa María Atzompa, Oaxaca, 21 de febrero.- Más de 350 representantes de 47 organizaciones sociales, sindicales y comunitarias se reunieron este sábado en la Segunda Asamblea por la Reconstitución del Movimiento Social en Oaxaca, donde acordaron declararse en sesión permanente y articular un plan de acción frente a lo que definieron como una crisis política, económica, climática y humanitaria que atraviesa el estado y el país.
La asamblea, integrada por defensoras y defensores comunitarios, autoridades agrarias y municipales, académicos y comunicadores comunitarios, dio seguimiento a los acuerdos alcanzados en su primera convocatoria y centró el debate en el avance de megaproyectos extractivos, la militarización de territorios y la criminalización de la protesta social.
Durante las mesas regionales se analizó el impacto del modelo económico en las ocho regiones de Oaxaca. Las organizaciones denunciaron que proyectos mineros, turísticos, eólicos, hidráulicos y carreteros, así como procesos de gentrificación y despojo territorial, han profundizado conflictos agrarios y desplazamientos forzados, afectando directamente la propiedad social de la tierra y los derechos de trabajadores del campo y la ciudad.
En ese contexto, exigieron la cancelación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al que señalaron como uno de los ejes estratégicos del reordenamiento territorial en el sur-sureste bajo lógicas de integración comercial y control geopolítico.
A tres años de la denominada “Primavera Oaxaqueña”, las y los participantes sostuvieron que persiste una política de continuidad neoliberal que, aunque se presenta bajo un discurso progresista, reproduce prácticas de nepotismo, corrupción y subordinación a intereses económicos transnacionales. En el pronunciamiento leído al cierre del encuentro se afirmó que el actual gobierno no ha respondido a las demandas históricas de los pueblos indígenas ni ha detenido la violencia contra quienes defienden la tierra y el territorio.
La asamblea denunció el incremento de la violencia feminicida, las desapariciones y las agresiones contra integrantes del movimiento social, así como el uso de fuerzas policiales y la presencia militar en regiones estratégicas como el Istmo de Tehuantepec. También cuestionó la fragmentación del tejido comunitario mediante programas sociales con lógica asistencialista y clientelar.
En su declaración política, las organizaciones refrendaron la necesidad de rearticular la unidad estratégica del movimiento social, fortalecer los mecanismos asamblearios y garantizar la participación real y horizontal de mujeres, juventudes y diversidades sexogenéricas.
Anunciaron que como parte de su plan de acción impulsarán la recuperación de la memoria histórica y la conmemoración de los 20 años de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, como un ejercicio de reflexión crítica sobre los procesos de organización popular en el estado.
El posicionamiento incluyó la exigencia de justicia y libertad para personas defensoras y comunidades afectadas por la violencia y la criminalización. Demandaron la liberación de Pablo López Alavez, detenido desde hace 15 años; el esclarecimiento del asesinato de Catarino Torres Pereda; justicia para Mayolo Quiroz y otros defensores de los bosques; así como la presentación con vida de Irma Galindo y otras personas desaparecidas en la entidad.
También exigieron el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, a casi tres décadas de su firma, como marco pendiente para el reconocimiento pleno de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.
Las organizaciones firmantes —entre ellas la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública Gratuita y los Derechos Humanos, y la Asamblea Oaxaqueña por Palestina— coincidieron en que la defensa de la vida, la tierra y el territorio constituye un eje irrenunciable frente al avance del capital extractivo y la militarización.
“Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, concluye el pronunciamiento, en un mensaje que busca marcar distancia tanto del oficialismo como de los partidos de oposición y que apuesta por la reconstrucción del movimiento social desde abajo, en clave de memoria, organización y resistencia comunitaria.
