A ocho días de la represión en Casa Jalisco, más de 12 mil personas volvieron a las calles por el derecho al agua. La organización de los contingentes expulsó a un grupo de encapuchados que, sin la presencia de ninguna autoridad, actuó de las 11 de la mañana a las 9 de la noche.
Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo
Guadalajara, Jalisco, 18 de octubre de 2026.- A las 10 de la mañana comenzaron a llegar los contingentes al parque de avenida Juárez, esquina con Federalismo. Más de 12 mil personas se reunieron para la segunda marcha por el agua limpia en Guadalajara, con la misma exigencia que hace una semana: que el agua que llega a sus casas sea agua que se pueda usar sin miedo.
Volvieron ocho días después de la primera marcha, la del domingo 11 de octubre. Esa marcha salió de la glorieta de La Minerva hacia Casa Jalisco, donde antimotines recibieron a quienes exigían agua limpia con chorros de agua y gas lacrimógeno. La Fiscalía del Estado reconoció 39 personas detenidas; los colectivos registraron 52 nombres. Seis hombres detenidos ese día siguen vinculados a proceso por lesiones y delitos contra la autoridad, aunque lo enfrentan en libertad. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que acompaña su defensa, acusó al Poder Judicial de criminalizar la protesta social.
La marcha expulsó al grupo de choque
Antes de que la marcha arrancara, llegó un grupo de personas encapuchadas y armadas con palos. No caminaban con ningún contingente ni portaban mantas. Intentaron mezclarse entre las y los manifestantes. La comisión de seguridad de la marcha, la de primeros auxilios y las personas de los propios contingentes los rodearon y los sacaron de las filas.
Cuando la marcha avanzó hacia la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, ese grupo comenzó a lanzar petardos y una bomba molotov. Después se separó por las calles aledañas y fue rompiendo negocios a su paso. En todo ese tiempo no hubo un solo elemento de Seguridad Pública ni de Vialidad en el lugar.
La marcha se detuvo. Durante dos horas, los contingentes decidieron no avanzar porque el grupo destruía negocios cerca del Palacio de Gobierno, el punto al que se dirigían. A la una y media de la tarde la marcha reanudó su camino y a las dos llegó a Palacio de Gobierno.
Frente a Palacio de Gobierno
Ahí, los contingentes realizaron sus manifestaciones. Mientras tanto, otro grupo comenzó a hacer pintas en el Palacio, retiró las vallas que lo protegían y las intervino. En un inicio, algunas personas que venían en la marcha se sumaron a las pintas. Alrededor de las seis de la tarde, los contingentes se retiraron.
El grupo de choque se quedó. A las 9 de la noche seguían ahí unas 50 personas. Quemaron la puerta del Palacio de Gobierno y la arrancaron. También lanzaron petardos y bombas molotov contra la puerta principal del Congreso de Jalisco.
Somoselmedio documentó que, mientras estuvo frente al Congreso, ninguna autoridad llegó a ver lo que ocurría. Dos bombas molotov quedaron a un lado del paso de las personas, sin que nadie las resguardara ni desactivara. Fueron ciudadanos quienes vaciaron la gasolina que contenían y las destruyeron. Hicieron lo mismo con los petardos y cohetes que quedaron tirados: los arrojaron a la fuente para inutilizarlos. En diez horas, de las 11 de la mañana a las 9 de la noche, no llegaron policías, bomberos ni ninguna otra autoridad.
El contraste con hace una semana es directo. El 11 de octubre, más de 500 antimotines se desplegaron frente a una marcha pacífica. Este domingo, ante un grupo que las propias personas manifestantes identificaron como infiltrado, el gobierno no intervino durante diez horas.
“Un intento por desestabilizar la marcha”
Los contingentes que participaron declararon que lo ocurrido fue un intento por desestabilizar la movilización. Señalaron que, después de las críticas por la represión del 11 de octubre, se buscó desplazar del centro la crisis del agua y sustituirla por la imagen de un grupo violento que ataca al gobierno.
El gobernador Pablo Lemus Navarro publicó su versión en redes sociales. Calificó la marcha como “un ejercicio cívico” y reconoció que, al inicio, “la organización ciudadana los señaló, los rechazó y los expulsó del contingente”. Sobre la ausencia de policías, escribió que “se hicieron ajustes a la estrategia de acompañamiento y seguridad”, y que “ni los ciudadanos ni las fuerzas del orden cayeron en la provocación de los violentos”.
Su relato no coincide con lo documentado en varios puntos. Lemus afirmó que al final “un grupo de 300 personas se quedó para provocar destrozos”; a las 9 de la noche, frente al Palacio, quedaban unas 50. Aseguró que “la Policía intervino para controlar los incendios” en las puertas del Palacio Legislativo y del Palacio Judicial, y que fueron detenidas cinco personas a bordo de una camioneta robada con bidones de gasolina. Somoselmedio no ha podido confirmar de manera independiente esas detenciones. Lo que sí registró es que, durante el tiempo que documentó el lugar, las bombas que quedaron frente al Congreso las desactivaron ciudadanos, no autoridades.
El comunicado del gobernador tampoco menciona la razón por la que miles de personas salieron a la calle por segunda vez en una semana.
La exigencia que no se fue: agua limpia
Esa razón lleva meses en las llaves de la zona metropolitana. Desde marzo, al menos 320 colonias denuncian que reciben agua turbia, con olor a drenaje. El monitoreo ciudadano que la campaña El Siapa Corrupto ha documentado analizó 184 muestras en 90 colonias de cinco municipios. A eso se suman los tandeos: el esquema de rotación del SIAPA divide en siete zonas el suministro de 627 colonias, con recortes programados mientras, según el gobierno, se regulariza la calidad del agua.
La respuesta estatal está ahora en el Congreso de Jalisco. El gobierno de Lemus presentó la iniciativa para construir el Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara mediante un contrato de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), que dejaría durante 20 o 25 años la operación de la obra en manos de una empresa privada. La construcción se presenta con un costo de 11 mil 922 millones de pesos, pero los pagos del contrato podrían llegar a 48 mil 296 millones a 25 años, según el análisis de las organizaciones, que encontraron 146 observaciones y 52 contradicciones en el expediente. Para aprobarse, la iniciativa necesita al menos 26 de los 38 votos del pleno.
Los pueblos de la ribera de Chapala, colectivos y organizaciones de la zona metropolitana rechazan el proyecto. Denuncian que no fueron consultados, que el modelo abre una privatización paulatina del agua del lago más grande de México y que la nueva obra no resuelve la contaminación de origen. Advirtieron que estarán vigilantes del voto de cada diputada y diputado.
Este domingo, mientras un grupo de choque actuaba sin que nadie lo detuviera, miles de personas sostuvieron por segunda vez en la calle una exigencia que el gobierno no ha respondido: el derecho humano al agua limpia.
