Ante la inacción de las autoridades y la violencia persistente en Guerrero, las familias organizadas en los colectivos Lupita Rodríguez y Luciérnaga comparten experiencias y técnicas de búsqueda en campo. A falta de justicia y apoyo institucional, las madres y hermanas buscadoras convierten la esperanza en acción colectiva.
Por Redacción / @Somoselmedio
Fotografías Tlachinollan
Tlapa, Guerrero, 21 de octubre de 2025.- Mientras el Estado mexicano sigue sin dar respuesta a la crisis de desapariciones, las familias de personas desaparecidas continúan cavando con sus propias manos. En la Casa del Jornalero, en Tlapa, el colectivo Lupita Rodríguez de Chilpancingo compartió sus experiencias de búsqueda con familias de la Montaña de Guerrero, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En la región, no existen registros oficiales sobre el número de personas desaparecidas. Sin embargo, Tlachinollan acompaña actualmente a más de 45 familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos entre 2016 y 2023. Muchas de ellas integran el colectivo Luciérnaga: una luz en la oscuridad, nacido tras las búsquedas para encontrar al defensor Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido en 2019. Desde entonces, las jornadas en campo han permitido localizar seis cuerpos y más de 160 restos óseos, sin que las autoridades agilicen los procesos de identificación.
“Si nosotras no los buscamos, nadie lo hará, y menos el Estado mexicano”, reflexionaron las familias durante el encuentro.
La falta de respuestas institucionales ha obligado a las madres, hermanas e hijas a formarse en técnicas de rastreo, protección y registro forense. En Guerrero, la búsqueda se ha convertido en una tarea de alto riesgo. Las amenazas y la violencia son parte del contexto cotidiano, y las instituciones encargadas de investigar o identificar los cuerpos carecen de recursos y sensibilidad.
Engracia, madre buscadora desde 2020, relató que su hijo desapareció el 23 de febrero de ese año. “Los primeros minutos son valiosos, pero cuando fui a denunciar, el Ministerio Público estaba cerrado”, dijo. Durante la pandemia, las búsquedas se hicieron en solitario. “El comisionado nos preguntó por qué queríamos búsquedas si ya habían pasado tres meses. No hay apoyo. Hasta para hablar se debe tener cuidado”.
Dulce, hermana de un joven desaparecido, denunció que la crisis forense en Guerrero agrava el dolor de las familias. “Hay cuerpos que pasan años sin ser entregados. Las condiciones en el SEMEFO de Chilpancingo son indignas. Por eso hablamos de una gran crisis forense”. Como estudiante de criminología, Dulce comparte técnicas de búsqueda y de seguridad a otras familias, y critica la falta de empatía institucional: “Nos revictimizan. Nos dicen que seguro nuestros familiares en algo andaban”.
David Molina, del colectivo Lupita Rodríguez, explicó que las familias también impulsan una reforma a la Ley de Desaparición Forzada en Guerrero para garantizar búsquedas inmediatas. “Ya hay más de mil cuerpos sin identificar. Necesitamos un centro estatal de identificación humana”, afirmó.
En el encuentro, Juan Carlos, integrante de Tlachinollan, recordó que las metodologías actuales de búsqueda en campo provienen de la experiencia acumulada desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Con varillas, picos y palas, los colectivos rastrean terrenos de más de mil 600 metros cuadrados, guiados por testimonios y observaciones de la comunidad. “Las tecnologías ayudan, pero la varilla y el ojo son nuestras mejores herramientas”, señaló.
Las familias coincidieron en que la organización y la solidaridad son su única esperanza. En Guerrero, donde el miedo busca inmovilizar, la acción colectiva se convierte en resistencia.
