Un juez federal otorgó una suspensión provisional a la construcción de un proyecto hotelero de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la zona federal de la Laguna de Bacalar, Quintana Roo. La medida cautelar se da tras una demanda de amparo presentada por Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS) y Proyecto Justicia Común (PROJUC) debido a la falta de permisos ambientales y consulta pública, representando una victoria para la defensa ambiental en Bacalar.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 25 de abril 2025.- Desde marzo de 2025, habitantes de Bacalar iniciaron protestas pacíficas ante el comienzo de una obra de la SEDENA en la zona federal de la laguna, frente al emblemático Fuerte de San Felipe. El proyecto, identificado como un hotel, se puso en marcha sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni con un proceso de consulta a la comunidad local, según denunciaron DMAS y PROJUC.
Ante esta situación, ambas organizaciones civiles interpusieron una demanda de amparo indirecto, argumentando que el proyecto representa una grave amenaza para el equilibrio ecológico de la Laguna de Bacalar, vulnerando derechos fundamentales como el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la participación en asuntos ambientales y a la buena administración de los pobladores.
El día de ayer 24 de abril, un Juez de Distrito en Quintana Roo concedió la suspensión provisional solicitada, ordenando la paralización inmediata de las obras que ponen en riesgo el medio ambiente y el patrimonio cultural de Bacalar. Esta medida cautelar estará vigente hasta que se celebre la audiencia incidental el próximo 28 de abril, donde se determinará si se concede la suspensión definitiva, lo que implicaría la detención total de la construcción hasta la resolución del fondo del asunto.
DMAS y PROJUC celebraron este fallo como un “logro importante para la defensa ambiental, la participación ciudadana y la justicia ecológica en México”. Consideran que sienta un precedente crucial para evitar que proyectos gubernamentales avancen sin respetar la legalidad y los derechos de las comunidades afectadas.
Las organizaciones invitaron a los residentes de la zona de Bacalar a contactarlos a través del correo electrónico contacto@projuc.mx para recibir asesoría y promover, sin costo alguno, sus propias demandas de amparo indirecto contra este proyecto.
