La LXIV Legislatura alinea el Código Penal con la SCJN y tratados internacionales, garantizando autonomía reproductiva y protegiendo a víctimas de violencia.
Con esta reforma, el Estado de México se suma a las 17 entidades que garantizan el derecho a decidir, marcando un avance histórico en la lucha por los derechos reproductivos en el país.
Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia e Igualdad de Género del Congreso capitalino aprobaron una reforma al Código Penal para garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin ser criminalizadas, en un debate que enfrentó posturas divididas.
En una segunda vuelta y con 20 votos a favor el Congreso de Jalisco despenalizó el aborto voluntario del Código Penal del Estado hasta las 12 semanas de gestación, lo que convierte a Jalisco en la entidad número 14 en garantizar el derecho a decidir en México.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reconoce una vez más la presentación de la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Guerrero, que garantizaría la Interrupción Legal del Embarazo en la entidad.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
