Familias convirtieron las bardas de Zapopan en espacios de memoria con carteles de búsqueda y grabados de sus seres queridos desaparecidos, en un acto de resistencia y exigencia de justicia.
¿Qué hubiese pasado si los 25 millones 950 mil pesos invertidos en un “Carrusel Monumental” se hubieran invertido en la búsqueda de las más de 15 mil personas que han sido desaparecidas en Jalisco? Con esa pregunta, las familias se conjuntaron para llenar esta “magna obra” de Pablo Lemus -gobernador electo de Jalisco- para llenarla de las fichas de búsqueda de sus familiares.
Integrantes del Colectivo Luz De Esperanza Desaparecidos Jalisco, se reunieron frente al Congreso del estado para exigir a las y los diputados que descongelen la iniciativa de ley que busca crear una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, independiente a la Fiscalía del Estado y al poder ejecutivo.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
