En un contexto de creciente criminalización, la CRAC-PC alza la voz para defender su derecho a brindar seguridad y justicia en sus territorios, mientras denuncia la doble moral del Estado mexicano, que reprime a las comunidades indígenas pero permite la impunidad de grupos delictivos.
En su 29 aniversario, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitarias (CRAC-PC) reafirma su lucha por el reconocimiento de sus derechos, enfrentando la marginación del Estado y organizando una movilización estatal el 14 de octubre para exigir su autonomía.
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 5 de septiembre de 2018.- Semanas después de la liberación de integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a...
Amigos y familiares invitan a participar tomándote la foto.
Ciudad de México, a 21 de enero, 2016.- Como parte de las actividades para exigir la libertad...
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
