Tras 15 años de juicio, el Juzgado Cuarto de San Luis Potosí emitió sentencia en el amparo wixárika contra la minería en Wirikuta. El pueblo interpuso recurso de revisión por las concesiones que no fueron canceladas.
A 15 años del levantamiento del 15 de abril de 2011, la comunidad purépecha de Cherán K’eri se mantiene como un caso de autogobierno en México: expulsó al crimen organizado y a los partidos políticos, recuperó su territorio forestal afectado por la tala ilegal y sostiene un sistema de organización basado en asambleas, fogatas y estructuras comunitarias de seguridad.
Las Abejas de Acteal inauguraron la Escuelita Tsotsil, un proyecto educativo autónomo en Chiapas que promueve la no violencia y la educación comunitaria indígena.
Después de 11 años de resistencia, las comunidades indígenas maseual lograron la cancelación definitiva de concesiones mineras en su territorio. El fallo sienta un precedente para la defensa del altepet y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.
Comunidad purépecha demanda nuevas licenciaturas y sede propia para fortalecer la formación profesional y el gobierno indígena, advirtiendo con movilizaciones si no hay respuesta.
Según un informe del Nodo de Derechos Humanos, el operativo del 4 de junio en Santiago Mexquititlán evidenció tortura, detenciones arbitrarias y violencia sexual contra integrantes de la comunidad ñhöñhö, en un contexto de despojo territorial ligado al proyecto Batán y a intereses inmobiliarios en Querétaro.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) respalda a la comunidad afromexicana de El Ticuiz en su lucha por la autodeterminación y el autogobierno, tras la negativa del Instituto Electoral de Michoacán a garantizar una consulta vinculatoria.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
