Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el nuevo enfoque del Registro Nacional de Personas Desaparecidas distorsiona la crisis en México, invisibiliza víctimas y deslinda al Estado de su responsabilidad en más de 133 mil desapariciones.
El Coro Inolvidable, integrado por madres buscadoras de Jalisco, se presentó rumbo al 8M en la Biblioteca Pública del Estado. A través de la música, exigen memoria, verdad y justicia frente a la crisis de desapariciones en México.
Un proyecto periodístico documenta coincidencias entre prendas halladas en el rancho Izaguirre y personas desaparecidas. A un año del hallazgo, familias denuncian omisiones, falta de acceso a indicios y riesgo de cierre del caso.
La Comisión Nacional de Búsqueda retiró el mapa oficial de fosas en 2024. Plataforma Ciudadana revela inconsistencias y 70 mil cuerpos sin identificar.
La Fiscalía de Guanajuato notificó a la familia de Dulce Alejandra Marmolejo que los restos entregados en 2020 podrían contener partes de otras personas no identificadas. Colectivos y familiares exigen protocolos claros, restitución digna y justicia. “Le lloré cuando desapareció y ahora tengo que volver a enterrarla”, denuncia su madre.
Plataformas de búsqueda destacan inclusión de figuras como “familia social” y “nombre social” en la iniciativa de reforma presentada por Claudia Sheinbaum; llaman al Senado a garantizar participación plena en el Parlamento Abierto y abren ruta para una política de Estado contra la desaparición.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
