Un incidente en la zona de Angelópolis desencadenó una violenta agresión por parte de estudiantes de reconocidas instituciones educativas en Puebla, incluyendo la Universidad Anáhuac y el Tecnológico de Monterrey.
Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, pediatra de 26 años, encontrada sin vida el 15 de mayo de 2018. Su muerte está catalogada como suicidio, pero a la fecha familiares exigen a la Fiscalía General del Estado de Puebla que se realicen las investigaciones pertinentes ya que dicen que su muerte no fue suicidio, fue feminicidio.
Tras reunirse en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para mantener una reunión con el Fiscal del Estado, defensoras y familiares de Zyanya Estefania, víctima de feminicidio, fueron golpeadas y violentadas por parte Agentes de seguridad de la Fiscalía.
Por Redacción/@Somoselmedio
A 884 días del asesinato de la Dra. Zyanya Figueroa Becerril, sus familiares acompañadas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) realizaron una...
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.