Por medio de un comunicado, el Observatorio Memoria y Libertad realizó un llamado a las autoridades judiciales federales y autoridades del estado de Oaxaca, para garantizar y proteger el derecho a la libertad de los presos políticos Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos, así mismo se exige que se establezca una fecha inmediata para la revisión del amparo.
El Foro en contra de la criminalización del movimiento social y por la liberación de las presas y presos políticos es la primera acción en conjunto con familiares y acompañantes, que tuvo como objetivo hacer visible cuatro casos y la desligitimación de esos movimientos sociales.
A través de la plataforma digital secure.avaaz.org , integrantes del Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a La Parota (CECOP) juntan firmas para solicitar...
*Ginebra-París-Stuttgart-Dublín-Bruselas-Madrid-La Haya-Barcelona-Berna, 5 de febrero de 2019
Organizaciones intencionales exigieron que cese la criminalización del defensor de derechos humanos Marco Antonio Suástegui Muñoz y...
Amigos y familiares invitan a participar tomándote la foto.
Ciudad de México, a 21 de enero, 2016.- Como parte de las actividades para exigir la libertad...
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
