Tras las declaraciones del gobernador Alejandro Armenta sobre la supuesta oposición de los pueblos al cierre del basurero de Cholula, comunidades locales rechazaron sus palabras y denunciaron irregularidades de la empresa ProFaj, exigiendo el respeto a su libre determinación y el cese total de la contaminación en la región.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, representante de 70 comunidades P’urhépechas, acusó a la Secretaría del Bienestar Federal de marginar a pueblos originarios en la distribución del FAISPIAM 2025, reducir presupuestos arbitrariamente y violar su autonomía.
