Tras casi una década de resistencia, los habitantes de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas, rechazan la construcción de la Presa Milpillas, denunciando que el proyecto pone en riesgo su forma de vida y viola su derecho a la autodeterminación. A pesar de las presiones gubernamentales, las comunidades mantienen firme su postura: "No daremos permiso para la presa".
Bajo el argumento de llevar el agua a donde más se necesita, autoridades de Zacatecas y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretenden construir, en el municipio de Jiménez del Teúl, un embalse de almacenamiento, se proyecta por año represar 69.88 millones de metros cúbicos de agua, lo cual afectaría directamente a 19 ejidos, su producción local y población.
La realización de este megaproyecto conocido como Presa Milpillas sobre el río Atenco, se inició sin el menor respeto a los derechos de los ejidatarios y bajo argumentos de bienestar, pero como en todo megaproyecto lejos del beneficio social hay empresas que podrían verse favorecidas por la construcción del embalse y un acueducto que atravesaría la sierra; ZonaDocs visitó las comunidades afectadas por esta iniciativa del gobierno local como el federal y el reportero se percató que “casualmente” en el camino de la línea de conducción para el abastecimiento del agua que pretende llevarla al corredor urbano Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe, hay mineras y productoras de cerveza.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
El secretario general del Ayuntamiento de Teocaltiche, José Luis Pereida Robles, fue asesinado a tiros en un restaurante; la Fiscalía de Jalisco ya investiga el crimen.
La FGR confirma que Rancho Izaguirre era centro de operaciones del CJNG, pero descarta presencia de crematorios. Se judicializan 14 procesos y se investigan vínculos de autoridades locales.
