Ciudad de México, 27 de marzo de 2020. La crisis por el COVID-19 no puede ser resuelta sólo a través de medidas de salud pública y de emergencia; los demás derechos humanos deben ser atendidos también, señalaron hoy un grupo de expertos y expertas en derechos humanos de la ONU.
“Todas las personas, sin excepción, tienen el derecho a acceder a intervenciones que les salven la vida y la responsabilidad de garantizarlas reside en el gobierno. La escasez de recursos o el uso de esquemas de seguros públicos o privados nunca debería ser una justificación para ejercer discriminación en contra de algunos grupos de pacientes,” dijeron los expertos y las expertas.
“Todo mundo tiene derecho a la salud. Personas con discapacidad, personas mayores, comunidades minoritarias, pueblos indígenas, personas desplazadas internamente, personas afectadas por pobreza extrema y que viven en lugares hacinados, personas que viven en instituciones residenciales, personas detenidas, personas sin techo, migrantes y refugiados, personas que usan drogas, personas LGBT y de género diverso – estos y otros grupos necesitan recibir apoyo de los gobiernos.
“Los avances en las ciencias biomédicas son muy importantes para hacer realidad el derecho a la salud. Pero igualmente importantes son los derechos humanos. Los principios de no discriminación, participación, empoderamiento y rendición de cuentas deben ser aplicados a todas las políticas relacionadas con la salud.”
Los expertos y las expertas de la ONU apoyaron las medidas recomendadas por la OMS para derrotar la pandemia. Hicieron un llamado a los Estados para actuar con determinación al proveer los recursos necesarios para todos los sectores de los sistemas de salud pública – desde la prevención y la detección hasta el tratamiento y la recuperación.
“Pero atender esta crisis es mucho más que eso. Los Estados deben tomar medidas adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcional por la crisis,” enfatizaron. “Ello incluye mujeres, quienes de por sí ya tienen una posición de desventaja social y económica, suelen tener una aún más pesada carga de trabajos de cuidado, y viven en un riesgo mayor por la violencia por motivos de género.”
El grupo de expertos y expertas expresó su gratitud y admiración hacia los trabajadores del sector salud alrededor del mundo quienes heroicamente luchan contra el brote. “Enfrentan tremendas cargas de trabajo, arriesgan sus propias vidas y se ven forzados a enfrentar dilemas éticos cuando los recursos son demasiado escasos. Los trabajadores de la salud necesitan todo el apoyo posible del Estado, las empresas, los medios y el público en general.
“COVID-19 es un grave reto global,” dijeron las expertas y los expertos. “Pero también es un llamado de atención para la revitalización de los principios universales de derechos humanos. Estos principios y la confianza en el conocimiento científico deben prevalecer por encima de la diseminación de noticias falsas, de los prejuicios, la discriminación, las desigualdades y la violencia.
“Todos enfrentamos un reto sin precedentes. El sector empresarial en particular continúa teniendo responsabilidades de derechos humanos en esta crisis. Sólo a través de esfuerzos multilaterales concertados, solidaridad y confianza mutua, derrotaremos esta pandemia al tiempo que logramos mayor resiliencia, madurez y unidad.
“Cuando la vacuna para el COVID-19 llegue, debe ser provista sin discriminación. Mientras tanto, ya ha sido probado que el enfoque de derechos humanos es otro camino efectivo para prevenir amenazas mayores a la salud pública,” concluyeron los expertos y las expertas.
