La información entregada por las fiscalías sobre fosas clandestinas en México disminuyó en cantidad y calidad durante el primer año sin el INAI. Organizaciones advierten que la opacidad dificulta conocer la dimensión de la crisis de desapariciones y obstaculiza las búsquedas de las familias.
Por Itzel Alaniz / @LaChicaNara
Ciudad de México, 18 de julio 2026.- La calidad de la información entregada por las fiscalías sobre fosas clandestinas en México registró un retroceso durante el primer año sin el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de acuerdo con el informe Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México.
El estudio, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Data Cívica y ARTICLE 19, analizó las respuestas a solicitudes de información dirigidas a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR).
Las respuestas consideradas de buena calidad disminuyeron de 57.6% en 2024 a 39.3% en 2025, una caída de 18.3 puntos porcentuales. En contraste, las respuestas deficientes aumentaron de 27.3% a 39.3%. Además, ocho fiscalías que habían proporcionado información en 2024 dejaron de hacerlo al año siguiente.
La reforma constitucional que extinguió al INAI fue presentada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero aprobada y publicada durante los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum. El decreto apareció en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, mientras que las leyes secundarias que formalizaron el nuevo sistema de transparencia fueron publicadas el 20 de marzo de 2025. Parte de las atribuciones del organismo fueron trasladadas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a su órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo.
Las organizaciones aclararon que el análisis no demuestra que la extinción del INAI haya causado directamente el deterioro en las respuestas. Sin embargo, advierte que el acceso a la información continúa dependiendo de la voluntad política y de los criterios discrecionales de las autoridades obligadas a entregar los datos.
“Seguimos enfrentando grandes desafíos cuando intentamos entender la magnitud de la problemática de las fosas clandestinas. No hay una forma establecida para documentar los hallazgos”, expresó Penny Ramírez, integrante del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, durante la presentación del informe.
Ramírez recordó que la Ley General en Materia de Desaparición establece la creación de un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas. Sin embargo, este registro no cuenta hasta ahora con una versión pública, completa y accesible.
Fiscalías responden menos y con información deficiente
El porcentaje de fiscalías estatales que contestaron las solicitudes de información, de manera completa o parcial, ha disminuido de forma sostenida.
En 2022 respondió el 93.8% de las fiscalías; en 2023, el 90.6%; en 2024, el 84.4%, y en 2025 solamente el 62.5%. Este último fue el primer año de operación del nuevo sistema encabezado por Transparencia para el Pueblo.
“Hoy no solo es más difícil acceder a la información, sino que se entrega de manera incompleta o carece de datos fundamentales para comprender la magnitud del problema”, señaló Leslie Salazar, colaboradora del Programa de Derechos Humanos de la IBERO.
Salazar explicó que una de las respuestas más frecuentes de las autoridades consiste en señalar que no están obligadas a elaborar documentos nuevos. En distintos casos, las fiscalías utilizaron ese argumento para entregar datos distintos a los solicitados, remitir a portales sin información o declararse incompetentes.
Reservas, enlaces inactivos y cifras contradictorias
El informe identificó retrocesos particularmente graves en varias entidades.
Quintana Roo pasó de obtener una calificación perfecta en 2024 a no entregar información útil en 2025. Baja California reservó durante cinco años los datos relacionados con fosas clandestinas, pese a que anteriormente había proporcionado información amplia.
Coahuila y Nayarit respondieron cerca de dos meses después y reportaron cero fosas. Colima remitió a un enlace inactivo, mientras que Guanajuato canalizó las solicitudes a un portal que no permitía identificar los hallazgos.
Morelos acumula cuatro años consecutivos sin responder adecuadamente; Hidalgo se declaró incompetente para proporcionar los datos; Tamaulipas dejó de contestar después de haber entregado información en ejercicios anteriores, y Veracruz limitó el acceso mediante respuestas administrativas insuficientes.
En el caso de la Ciudad de México, la fiscalía respondió que no contaba con registros de fosas clandestinas en la entidad y, por lo tanto, carecía de información para entregar.
Las inconsistencias también aparecen al comparar las cifras proporcionadas por una misma institución en distintos años. Nayarit reportó en 2024 la existencia de 41 fosas localizadas entre 2018 y 2024, pero en la actualización de 2025 informó que no tenía ningún hallazgo.
Quintana Roo había reconocido previamente tres fosas clandestinas localizadas entre 2006 y 2024. Un año después, al responder sobre prácticamente el mismo periodo, reportó cero casos.
“El problema no es solo que falte información, sino que no se puede confiar en la información que entrega el Estado”, advirtió Salazar.
La investigadora señaló que cuando una autoridad modifica sus cifras sin explicación, reserva datos estadísticos, desconoce registros previamente reportados o entrega información fragmentada, se vuelve imposible conocer la verdadera dimensión de la crisis, identificar patrones de violencia y evaluar la actuación gubernamental.
La falta de información obstaculiza las búsquedas
La opacidad institucional afecta directamente a las familias de personas desaparecidas, que dependen de registros oficiales para buscar coincidencias, ubicar lugares de hallazgo y conocer las características de los cuerpos o restos recuperados.
Olimpia Montoya, integrante del colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato y hermana de Marco Antonio Montoya, desaparecido el 18 de marzo de 2017 en Celaya, relató el recorrido que realizan las familias ante la falta de respuestas oficiales.
“Las familias peregrinan de un estado a otro para tratar de buscarlos. Somos nosotras quienes proporcionamos información a las fiscalías. Las fosas son encontradas por familiares, no por las fiscalías”, expresó.
La buscadora señaló que el acceso a una base de datos, un registro forense o la ubicación de una fosa puede representar la diferencia entre encontrar o no a una persona desaparecida.
La falta de información también traslada a las familias y organizaciones la responsabilidad de reconstruir datos que deberían ser generados, sistematizados y publicados por el Estado.
El derecho a saber sin un organismo autónomo
Efraín Tzuc, periodista especializado en datos, destacó que el INAI funcionaba como una instancia autónoma a la cual podían recurrir las personas cuando una autoridad negaba información, entregaba datos incompletos o declaraba inexistentes determinados documentos.
“Era el árbitro. Cuando las fiscalías no daban información sobre las fosas, recurríamos al INAI. Ahora las propias autoridades intervienen en la revisión de las respuestas. Su desaparición no solo debe preocupar a periodistas e investigadores, sino a la sociedad en general”, explicó.
Ante la ausencia de un registro nacional público, organizaciones civiles y académicas desarrollaron la Plataforma Ciudadana de Fosas, que integra información obtenida mediante solicitudes de transparencia, registros de fiscalías y monitoreo de medios de comunicación.
En su actualización correspondiente a 2023 y 2024, las fiscalías estatales reportaron 1,451 fosas clandestinas, mientras que la FGR informó de 94. Durante el mismo periodo, el monitoreo de medios documentó al menos 1,006 hallazgos. Las diferencias entre las fuentes y la ausencia de una metodología homologada impiden construir una cifra nacional única y plenamente verificable.
Las organizaciones responsables del informe exigieron a las autoridades entregar información completa, clara, accesible y verificable; publicar de manera proactiva los registros sobre fosas clandestinas, cuerpos y restos humanos, y garantizar el derecho a la verdad de las familias de personas desaparecidas.
En una crisis marcada por más de una década de hallazgos, búsquedas ciudadanas e impunidad, ocultar, fragmentar o alterar la información no constituye una falla administrativa menor: representa un obstáculo para localizar personas, investigar delitos y establecer responsabilidades del Estado.
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Esta nota es resultado del Programa de Periodismo Juvenil 2026, un proceso formativo impulsado por ARTICLE 19 y Somoselmedio para fortalecer las herramientas de jóvenes interesados en el periodismo y la comunicación.
