Fiscalía de Jalisco informa que 8 personas fueron vinculadas a proceso por daños a monumentos históricos tras protesta del 15N. Liberan a 32. CEPAD denuncia tortura y detenciones arbitrarias.
Por Redacción / @Somoselmedio
Guadalajara, Jalisco, 20 de noviembre 2025.- La Fiscalía General de Justicia de Jalisco informó que, tras la audiencia celebrada este jueves 20 de noviembre por las protestas del 15 de noviembre en el centro de Guadalajara, ocho de las cuarenta personas detenidas fueron vinculadas a proceso por el delito de “daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”.
Según el comunicado de la dependencia, siete de los imputados –Rogelio Alejandro “N”, Adrián “N”, Ricardo “N”, Felipe “N”, Juan Alejandro “N”, Josué Yair “N” y Héctor Gerardo “N”– recibieron prisión preventiva justificada por seis meses. Al octavo, Jonás Emmanuel “N”, se le otorgaron medidas cautelares.
El órgano jurisdiccional determinó, sin embargo, liberar a 32 de los detenidos al no acreditarse su participación en el delito mencionado.
VIDEO | Así reciben familiares a personas detenidas, presuntamente de manera arbitraria, por los disturbios en la Marcha de la Generación Z en Guadalajara. 🫂
Créditos: Usi Toledo pic.twitter.com/7Ndlziymfm
— Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) November 20, 2025
Contraste con denuncias de organizaciones
Este anuncio oficial entra en franco contraste con las graves acusaciones realizadas previamente por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). En un pronunciamiento, el organismo civil documentó un operativo con “detenciones arbitrarias y violentas”, ejecutadas tanto por policías uniformados como de civil, que afectaron incluso a transeúntes.
El CEPAD alertó que durante estas detenciones se cometieron agresiones físicas que podrían constituir tortura, hubo incomunicación y un registro tardío de los arrestos, lo que configura “desapariciones forzadas de corta duración”. Asimismo, señalaron que a los detenidos se les negó una defensa adecuada, con sólo dos defensores de oficio para atender a 39 personas.
La organización había expresado su “seria preocupación” porque las autoridades judiciales validaran detenciones plagadas de irregularidades, señalando específicamente al juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz.
Mientras la Fiscalía presenta la audiencia como un resultado de la procuración de justicia, donde 32 personas recuperaron su libertad por falta de pruebas, las organizaciones de derechos humanos insisten en que el proceso inicial estuvo viciado de abusos.
La situación deja al descubierto una profunda división en la narrativa de los hechos: por un lado, la autoridad que actúa contra el vandalismo, y por el otro, una ciudadanía que denuncia una represión desproporcionada y un patrón histórico de violencia estatal en Jalisco.
