La Asamblea Ciudadana y organizaciones locales de Xoco señalaron que el crecimiento inmobiliario ha generado desabasto, pérdida de espacio público y riesgos para la permanencia del pueblo originario.
Por Alan Hernández / @alandjhm y Denisse Ureña / @denisseure_
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2025.- Vecinas, vecinos y colectivos del Pueblo Originario de Xoco realizaron este 28 de noviembre una acción pública en la zona para visibilizar las graves afectaciones que el avance de los desarrollos inmobiliarios, en particular el complejo Mítikah, ha generado en su comunidad. Durante la intervención, la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco llamó a las autoridades de la Ciudad de México a atender los problemas documentados en acceso al agua (desabasto), movilidad, uso del espacio público y derechos colectivos, señalando un claro riesgo de desplazamiento.
La movilización incluyó el cierre temporal de un tramo de Avenida Universidad, donde las personas convocantes presentaron datos, testimonios y antecedentes relacionados con la situación que enfrenta el pueblo originario. De acuerdo con la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco, los problemas identificados desde hace más de 15 años se han profundizado debido a la consolidación del complejo Mítikah y al incremento de megaproyectos en la zona.
Entre los señalamientos que la Asamblea puso sobre la mesa, sobresale la dimensión del impacto que el complejo Mítikah ha tenido en el Pueblo de Xoco. De acuerdo con su diagnóstico comunitario, el desarrollo inmobiliario consume por sí solo alrededor del 12% de toda el agua disponible para la zona, concentrada apenas en cuatro tomas principales. A esto se suma un crecimiento desproporcionado en las denuncias vecinales por desabasto: entre 2018 y 2022, los reportes por falta de agua se dispararon en un 1,750%, un indicador que los habitantes señalan como evidencia del deterioro acelerado de su suministro cotidiano.
Durante la conferencia también advirtieron que Mítikah ocupa ya casi una quinta parte del territorio histórico de Xoco, modificando su uso de suelo y su dinámica barrial. Y recuerdan que la privatización de la calle Real de Mayorazgo no es una percepción, sino un hecho documentado por la Recomendación 11/2025 de la CDHCM, que acreditó violaciones al derecho a la movilidad y afectaciones a los derechos colectivos del pueblo.
Durante la intervención, integrantes de la Asamblea recordaron que el 29 de noviembre marca el aniversario del operativo en el que, según su testimonio, se restringió el acceso a espacios públicos y se colocaron barreras alrededor del complejo. Elizabeth Álvarez, integrante de la Asamblea y del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, explicó que este hecho se mantiene como un punto de referencia para la comunidad. “Ese día nos cerraron el paso. Pusieron barreras y no nos permitían entrar a nuestra propia calle”, señaló. Añadió que durante el proceso, vecinas y vecinos registraron agresiones y la entrada de grupos externos: “Logramos liberar la calle dos veces, pero en la tercera ya no se pudo por la cantidad de elementos que trajeron, incluidos granaderos.”
En materia de servicios, Álvarez informó que el suministro de agua comenzó a fallar desde la llegada de los desarrollos. “Las pipas que entran para Mítikah no permiten que el agua llegue de forma regular a nuestras casas,” afirmó. De acuerdo con su testimonio, el pozo Nervo, ubicado en territorio del pueblo, fue proyectado originalmente para abastecer a Xoco, pero consideran que “el flujo favorece principalmente a las torres del complejo.”
Las denuncias también incluyen dificultades de movilidad debido al aumento del tránsito vehicular asociado a los desarrollos inmobiliarios. Habitantes señalaron que banquetas bloqueadas y rutas obstruidas afectan el acceso de ambulancias. “Las emergencias tardan más en llegar. Hay autos sobre las entradas y nadie se hace responsable,” comentó una vecina durante la intervención.
Además, habitantes señalaron que la presencia de megatorres ha reducido espacios destinados a peatones. “En horas pico es imposible caminar. Todo está diseñado para que los accesos funcionen para ellos, no para el pueblo,” indicó otro participante. La Asamblea también reportó prácticas de discriminación hacia personas que realizan actividades comunitarias. Entre los hechos mencionados se encuentran agresiones verbales y lanzamiento de objetos desde edificios. “Se burlan de nuestras procesiones y nos dicen que estorbamos. Son tradiciones que tenemos desde hace décadas,” explicó una integrante del pueblo.
Como parte de la acción pública, las organizaciones enfatizaron que la situación que enfrenta el Pueblo de Xoco requiere respuestas inmediatas y no solo promesas. Señalaron que las autoridades deben asumir su responsabilidad y dar cumplimiento efectivo a las medidas ya emitidas, con el fin de detener el deterioro que viven los habitantes. Subrayaron la urgencia de corregir las cargas económicas que, afirman, han recaído de forma desigual sobre la población originaria, generando un escenario en el que conservar la vivienda y la vida cotidiana se vuelve cada vez más difícil. Otro de los llamados centrales fue la necesidad de establecer controles claros sobre el uso de recursos y el desarrollo urbano, de manera que los intereses privados no rebasen la capacidad del territorio ni pongan en riesgo a las comunidades.
Las organizaciones insistieron en que, mientras no existan condiciones que garanticen una convivencia justa y sostenible, no deberían aprobarse nuevos megaproyectos en la zona. Cerraron recordando que cualquier decisión pública debe reconocer el papel histórico y cultural de los pueblos originarios, así como proteger su permanencia territorial frente a los modelos de urbanización que los desplazan.
Las organizaciones señalaron que su objetivo es detener lo que consideran un proceso de desplazamiento y transformación acelerada. La Asamblea solicitó a la ciudadanía reflexionar sobre el impacto social de los desarrollos inmobiliarios.
“No pedimos privilegios; pedimos que se respete nuestra existencia como pueblo originario”, enfatizó Álvarez.
El Pueblo Originario de Xoco ha documentado transformaciones urbanas desde mediados de los años dos mil, cuando comenzaron los proyectos de gran escala en la zona. La Asamblea ha presentado denuncias sobre movilidad, agua, privatización de espacios públicos y desplazamiento. Desde 2022, el complejo Mítikah se ha convertido en el principal punto de conflicto, al concentrar la mayoría de las quejas por consumo de agua, modificación del entorno y afectaciones a la vida comunitaria.
